En la primera década del siglo XXI, la Argentina sufrió la pérdida de unos 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos a causa de la expansión de la actividad agropecuaria. Para contrarrestar esta problemática, se promulgó la Ley Nacional 26.331 denominada “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” que, entre otros aspectos, plantea la compensación a los productores rurales que realicen un manejo sostenible de los bosques nativos en sus tierras.
En el marco de esta ley, especialistas del INTA, en asociación con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación y la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia del Chaco, trabajaron en el desarrollo de un esquema de pagos, que valoriza los servicios ecosistémicos –captura de carbono y biodiversidad, principalmente– ofrecidos por los bosques nativos a la sociedad. El sistema podría ser replicado en los 27 millones de hectáreas boscosas del país y permitiría evitar la deforestación y mejorar el estado de conservación de los bosques nativos en 400.000 hectáreas del norte del país.
José Gobbi, investigador del INTA Anguil –La Pampa– y coordinador del proyecto, explicó que la iniciativa permitió “establecer líneas de base de carbono y biodiversidad para distintos usos de la tierra”, con el fin de evaluar “el efecto que dichas prácticas de manejo tienen en el aumento de la provisión de los servicios ecosistémicos”. También facilitó el desarrollo de modelos económicos que definen costos de oportunidad y montos mínimos de pago.
Los resultados que dan cuenta de un esquema de pago por servicios ecosistémicos, considerado bajo el sistema legal de compensaciones, serán presentados en el marco de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO, según sus siglas en inglés), durante la conferencia sobre “Gestión adaptativa de paisajes boscosos en transformación”. Se realiza del 1 al 5 en Posadas –Misiones–.
Según Gobbi, el proyecto implica “la gestión eficiente de los usos de la tierra bajo un esquema de provisión de servicios ecosistémicos y el desarrollo de marcos favorables para su aplicación en el país”, que tendrá en el pago “un incentivo para mover el sistema de una situación no deseable a otra deseable”, explicó.
“Existe una correlación directa entre el estado de conservación de un bosque nativo y el nivel de servicio ecosistémico que ese bosque provee”, destacó Gobbi.
En esta línea, aclaró que, desde el proyecto, se proponen “categorías de estado de conservación del bosque entre bueno, intermedio y desfavorable para asignar los pagos, según el estado de conservación que presente el bosque en cuestión”. Es decir, a mejor estado de conservación, el bosque tendría una mayor provisión de servicios ecosistémicos y, por consiguiente, habilita el acceso a un pago más alto.
La ejecución del proyecto tuvo como objetivo ensayar –a escala piloto– diversos mecanismos para el pago de los servicios ecosistémicos que brindan los distintos ecosistemas naturales en el país.
Un compromiso con el ambiente
La ejecución del proyecto tuvo como objetivo ensayar –a escala piloto– diversos mecanismos para el pago de los servicios ecosistémicos (PSE) que brindan los distintos ecosistemas naturales en el país. El estudio, que se realizó en cuatro sitios seleccionados con disímiles ecosistemas y realidades productivas, incluyó a las provincias de Chaco y Formosa en bosques, a Misiones en conservación de recursos hídricos y a Entre Ríos en suelos.
El caso del Centro Oeste en la provincia de Chaco –cuya superficie boscosa se ubica cerca del 50 %, equivalente a unos 4,5 millones de hectáreas– es una de las cuatro experiencias trabajadas por los especialistas en el territorio. El área de estudio fue de 450.000 hectáreas, donde el 70 % corresponde a bosque.
Tras la experiencia piloto en Chaco, durante el desarrollo del proyecto que ocupó cuatro años y recientemente fue finalizado, se establece un pago basado en el estado de conservación por un período de cinco años y hasta 300 hectáreas, revisable cada cinco años.
De esta manera, se evaluó cuál sería el costo anual para la sociedad si tuviera que utilizar un reemplazo –por ejemplo, una plantación forestal– para almacenar el carbono que capturan los bosques nativos de manera gratuita. El valor económico ascendería a más del 50 % del valor bruto de la producción algodonera provincial, de acuerdo con índices de 2015.
Ante los principales problemas ambientales y de manejo, como deforestación, prácticas forestales no sustentables y ganaderas inapropiadas, Gobbi sostuvo que los resultados presentados son “una oportunidad en el marco de compensación establecido por la Ley 26.331 y, además, un insumo para las estrategias de ordenamiento territorial”.
El proyecto, denominado técnicamente GEF 3623 – PNUD/PNUMA “Incentivos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos de Importancia Global”, busca valorizar la relevancia de los servicios que brindan los ecosistemas naturales para el bienestar y desarrollo de las sociedades humanas, servicios que han sido –en general– ignorados en el proceso de toma de decisiones económicas.
Por último, Gobbi apuntó que el pago se convierte en “un incentivo para promover la adopción de prácticas ganaderas y forestales que permitan mejorar el estado de conservación de los bosques nativo”.
