La creciente oposición en países del Mercosur, especialmente Argentina y Brasil, a una nueva normativa de la Unión Europea (EUDR 1115). Esta regulación, que entrará en vigor en 2025, prohibirá la importación de productos como soja, carne, cacao y café de zonas deforestadas a partir de 2020. Los gobiernos y productores locales critican la medida por ser unilateral, ignorar las leyes nacionales y poner en riesgo la soberanía. Mientras Brasil ha solicitado una postergación de la normativa, Argentina ha mostrado su apoyo a la declaración del Mercosur en contra de la medida. El debate se centra en la trazabilidad de la producción y las posibles futuras restricciones de la UE.
Una verdadera rebelión contra la regulación europea que pretende prohibir la importación de soja, carne, cacao, café, aceite de palma, madera y caucho que provenga de zonas deforestadas con posterioridad a 2020 comenzó a generalizarse en los países del Mercosur y, particularmente, en la Argentina.
La legislación antideforestación que entraría en vigencia a partir de 2025 provoca el rechazo de productores locales y reacciones de los gobiernos
Una verdadera rebelión contra la regulación europea que pretende prohibir la importación de soja, carne, cacao, café, aceite de palma, madera y caucho que provenga de zonas deforestadas con posterioridad a 2020 comenzó a generalizarse en los países del Mercosur y, particularmente, en la Argentina.
El rechazo de productores y algunos gobiernos, como el de Brasil, abre un debate no solo sobre la trazabilidad de la producción sino también sobre las estrategias de comercio internacional que debe llevar adelante el país.
El gobierno brasileño le pidió esta semana a la Comisión Europea la postergación de la norma, conocida como EUDR 1115, con el argumento de que se trata de “un instrumento unilateral y punitivo que ignora las leyes nacionales sobre combate a la deforestación”, según afirmó la carta firmada por el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, entregada en mano al comisario europeo de Agricultura, Januz Wojciechowski. Los funcionarios del país vecino expresaron que la medida “contiene aspectos extraterritoriales que contrarían el principio de la soberanía”. Ya en julio pasado, Estados Unidos solicitó a la UE una postergación de la medida. Ayer fue el propio gobierno alemán el que solicitó a la UE postergar por seis meses la puesta en vigencia de la medida.
Curiosamente, el gobierno argentino no realizó una petición del mismo nivel, aunque en las redes sociales los funcionarios argentinos se despachan contra la “Agenda 2030″, para beneplácito de sus seguidores. Apenas fue la Secretaría de Agricultura quien sumó el apoyo de la Argentina a la declaración del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), integrado por los países del Mercosur, para solicitar la postergación de la medida.
De hecho, el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, dio su aval esta semana en el congreso de Coninagro, a la plataforma Visec al destacar su carácter “no obligatorio”, aunque dijo que gran parte de la producción argentina cumplía con el estándar requerido. Además, como se sabe, la AFIP ya abrió la posibilidad de compartir los datos productivos con Visec en las declaraciones del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
El otro gesto de rebelión provino de una de las entidades que habían adherido a Visec, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Seguiremos impulsando soluciones que fomenten el desarrollo productivo, sin restricciones que comprometan nuestra soberanía y competitividad”, expresaron.
Reacciones
En el plano continental, también el Foro Mercosur de la Carne (FMC), en la que participan CRA y la Sociedad Rural Argentina (SRA), le pidieron a los países de la región que rechacen la EUDR 1115 porque “los problemas globales deben resolverse en ámbitos multilaterales”.
Para Santiago del Solar, productor agropecuario y exjefe de Gabinete de Agricultura durante la gestión Macri, la medida europea desconoce las legislaciones nacionales, como el caso de la Argentina que cuenta con una ley contra la deforestación ilegal. Recuerda que esta norma fijó parámetros con diferentes zonas (rojas, amarillas y verdes) en las cuales sí se autoriza la deforestación. Además, cuestiona la plataforma Visec porque, en su opinión, se entrega información a los compradores de granos que debe ser de carácter confidencial. “Si abro el SISA, avalo la restricción europea”, argumenta. Por otra parte, considera que la UE está en un “callejón sin salida”, porque los principales proveedores de derivados de soja cuestionan la normativa.
Hasta los propios exportadores que crearon y promovieron la plataforma Visec critican la EUDR 1115. “La segregación física exigida es desmesurada e innecesaria”, dijo esta semana en Bruselas Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC.
La cuenta regresiva ya está corriendo. Los propios importadores europeos de harina de soja están notando un freno en el mercado. En la plaza local, según los operadores locales, por ahora no se advierte esa cautela.
El debate alrededor de esta medida no está cerrado porque hay quienes creen que la Argentina tiene una oportunidad de diferenciar su producción respecto de la de Brasil si ofrece una trazabilidad confiable. Otros, en cambio, sostienen que se le debe poner un límite a las pretensiones de la UE porque luego de esta medida vendrán otras restricciones con más productos (maíz, por ejemplo) y zonas (humedales).
En ese contexto, la falta de coordinación de los gobiernos de la región no facilita una respuesta unívoca a la medida europea. La pelota está del lado del Viejo Continente.
Fuente: Diario La Nación
Deja una respuesta