El Consejo Directivo del INTA, conformado por representantes del gobierno, las universidades y las entidades rurales, finalmente mostró resistencia frente al poder de la motosierra de Javier Milei y se opuso a varios de los pedidos de ajuste realizados por el Poder Ejecutivo, aunque accedió a otros.
Luego de que la reunión terminara de mal modo el jueves, luego de 12 horas de deliberaciones, el consejo directivo -que es la máxima autoridad en el INTA- volvió a sesionar esta mañana y logró remontar la situación que se había desbordado anoche por la negativa del secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, a ceder en la decisión de despedir a 227 personas contratadas por el organismo en 2023.
“El Secretario de Agricultura (por Juan Pazo) estuvo operando con Nicolás Pino (presidente de la Sociedad Rural y aliado empresario de Milei) anoche y le destrabaron a Nicolás Bronzovich el Consejo Directivo de INTA. Esta mañana se convocaron y se aprobó la venta de Cerviño y Cerrillos, los retiros voluntarios, un plazo de 75 días para evaluar cuál es la dotación óptima de personal del INTA, y la contratación de un consejo consultivo de ‘expertos’ que sospechamos van a operar como una intervención informal sobre el Director Nacional que está designado por concurso y su equipo. Salvo FAA y el consejero por las Facultades de Veterinaria, el resto los apoyaron”, informaron fuentes del organismo.
Se podría decir que en los tres puntos de trabajo que el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, hubo un acuerdo, donde ambos sectores cedieron cosas.
Por caso, el Consejo Directivo finalmente aceptó la venta compulsiva que decidió la AABE (Administradora de Bienes del Estado) del edificio de la calle Cerviño 3100, en Barrio Norte, y que se subastará con una base de 6,37 millones de dólares. También se aprobó la cesión de 40 hectáreas de campo en el INTA de Cerrillos, en Salta, que antes se había rechazado en una anterior reunión.
Las condiciones que puso el cuerpo colegiado para acceder a esta petición del gobierno fue que el dinero de esas operaciones regresase al INTA. Votaron a favor 8 de los 10 integrantes y solo se opusieron el representante de las Universidades de Veterinaria, Guillermo Bernarde, y el consejero por la Federación Agraria, Pablo Pailolle.
“Nosotros votamos en contra por distintos motivos, pero básicamente por el ninguneo que se le ha hecho al Consejo para avanzar en eso. Era una formalidad de un hecho consumado que ya tiene fecha de remate y se trae acá para aprobarlo. No se discutió la necesidad o no de mantener el edificio, lo decidieron por fuera del INTA”, comentó este dirigente luego de la discusión.
Por ahora, el filón del negocio que perciben los funcionarios libertarios en el INTA, que es la proyectada venta de más de 27 mil hectáreas de campos de las experimentales en todo el país (aunque la cifra podría crecer a 70 mil hectáreas, según dijo Manuel Adorni), no fue ni analizado ni aprobado por el Consejo Directivo, donde también hay representantes de CRA, la Sociedad Rural, Coninagro y los grupos CREA. El plan original de la AABE, según anticipó Bichos de Campo, era avanzar en el primer semestre de 2025 con esas subastas.
El Consejo también resistió la pretensión de Juan Pazo, el poderoso secretario del ministerio de Economía que maneja todas las áreas de Agricultura, de colocar a dedo a ocho funcionarios para manejar áreas claves de la Dirección Nacional del INTA, suplantando cargos que hoy se asignan por concurso a funcionarios de carrera dentro de la institución.
Como prenda de paz en este asunto, lo que se decidió fue formar un “consejo consultivo” donde se incorporarían a cuatro externos del INTA, para involucrarse sobre todo en área de extensión y tesorería.
Una vez más Pailolle, de la Federación Agraria, se opuso, esta vez en soledad. “Son cuatro técnicos que entran, es un cargo netamente político, cuando el INTA se vanagloriaba de cubrir todos los puestos por concurso”, argumentó. Y agregó: “En el organigrama de gobernanza del INTA no está la figura del consejo consultivo. Son distintas formas de intervenir al INTA con gente de afuera, sin concurso”.
El tercer punto de acuerdo (o desacuerdo, mejor dicho, porque fue este el asunto que desencadenó la reacción de Pazo que amenazó trabar todo este acuerdo), fue que se decidió conceder al INTA un nuevo plazo de 75 días (los consejeros pedían 120 días) para hacer una “adecuación del personal”, pensando en una modernización real de la estructura y no como mero ajuste de costos. El director nacional deberá ser quiens e ocupe de esa tarea.
Así se evitó el despido de los 227 empleados que no tenían planta permanente y que ingresaron a trabajar en el INTA en diferentes posiciones en 2023, y sobre los cuales Adorni directamente anunció el despido, sin tener atribuciones para hacerlo. Una vez más, la mayoría de 8 votos se impuso sobre 2 disidencias.
Fuente: bichosdecampo
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