Un estudio publicado por la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura -Fecic- muestra que en la Argentina existen unos 100 millones de hectáreas de suelos afectados por procesos de erosión, lo cual representa un incremento de 40 MM/ha respecto de la estimación realizada hace 25 años. Las principales causas de la reactivación de los procesos de erosión del suelo se deben a los cambios producidos en el uso del suelo, a la simplificación o falta de rotaciones y al sobrepastoreo en regiones secas. En la región pampeana húmeda y subhúmeda, el abandono de la rotación de cultivos ha generado consecuencias negativas en cuanto al incremento de la erosión de los suelos, el balance de la materia orgánica, la fertilidad y la eficiencia hídrica. La situación descripta tiende a mejorar en los últimos años a partir de la disminución de la carga impositiva sobre el trigo y el maíz que permitió incorporarlos a la rotación.
Se visualiza como tema altamente preocupante en la mayor parte de las áreas productivas la afectación del proceso hidrológico a nivel regional. Una referencia especial merece lo acaecido en San Luis, donde el reemplazo de bosques nativos y pastizales naturales por cultivos de soja y maíz sobre suelos muy friables ha generado procesos de erosión superficial y subterránea muy graves que han conducido a la formación de seis nuevos ríos permanentes, de los cuales el río Nuevo es el más importante. También existe una preocupación generalizada en áreas agrícolas de las regiones Pampeana y Chaqueña por el ascenso regional del nivel de la capa freática, proceso que se está incrementando año tras año, afectando a una importante proporción de suelos de aptitud ganadera y agrícola. En las regiones Patagónica y seca occidental, los procesos de desertificación se están incrementando con consecuencias negativas desde el punto de vista social. ambiental y productivo, razón por la cual requieren una atención especial.
Esa situación y la importancia creciente que asumen el cuidado de los recursos naturales y la gestión del ambiente a escala global, determinan la imperiosa necesidad de definir y considerar al suelo como un recurso estratégico para la Argentina, incorporando la conservación del suelo como tema de agenda nacional.
Para ello se deberá mejorar la calidad del proceso productivo, por un lado, mediante el trabajo individual y continuo del productor tranqueras adentro y por el otro, generando políticas de estado que alienten y promuevan la conservación del suelo a nivel nacional. Resulta indispensable volver a la aplicación de buenas prácticas tales como la rotación y diversificación de cultivos, utilización de cultivos que mantengan una buena cobertura sobre el suelo, siembras escalonadas, terrazas para control de la erosión, fertilización, cultivos de cobertura, sistemas silvopastoriles y control del pastoreo, entre otras.
Una de las cuestiones pendientes, es contar con una ley nacional de suelos que establezca mediante el criterio de «presupuestos mínimos», cuál debe ser el umbral mínimo de protección de los suelos en todo el territorio nacional. Esta ley permitiría impulsar acciones públicas integrales coordinadas entre la Nación y las provincias, y a la vez articular una frondosa normativa que a nivel provincial atiende las cuestiones relacionadas con suelos y aguas.La ley debería basar su accionar en establecer un marco normativo que aliente planes de conservación y recuperación de suelos. La inversión de recursos públicos en planes de conservación de suelos beneficia no solo al productor sino al estado: cuando la productividad decrece por erosión o deterioro del suelo, disminuyen los ingresos fiscales. La conservación de nuestros suelos constituye un deber inexcusable, ya que se trata de un recurso natural estratégico para la nación, que cumple una función de alcance social y que trasciende las generaciones.
El autor es director del Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua
