La actual ley que regula la tenencia de las tierras rurales fue sancionada el 22 de diciembre de 2011 y establece límites a la titularidad por parte de extranjeros.
Pocos meses después de que el Gobierno de Cambiemos asumiera, el presidente Mauricio Macri sancionó el decreto 820/16, publicado 30 de junio de 2016 en el Boletín Oficial que modificaba aquella normativa.
La norma estableció algunas definiciones nuevas que implicaban la flexibilización de los requisitos para la compra por parte de extranjeros. En primer lugar, definió como “titular extranjero” a quien fuere propietario de “más del 51 por ciento del capital social de una persona jurídica”, modificando la letra original de la ley, que establecía un porcentaje del 25 por ciento.
En ese entonces, el Gobierno esgrimía que el decreto buscaba “destrabar las inversiones de afuera, hasta que tratemos de fondo un nuevo proyecto”.
Durante este mes de julio, el senador del PRO Federico Pinedo presentó en el Senado un nuevo proyecto de ley de Extranjerizacion de Tierras Rurales, que se propone flexibilizar más las condiciones que tienen los extranjeros para comprar tierras en nuestro país.
En este sentido, el límite máximo de 1000 hectáreas en la zona núcleo del agro pampeano o su equivalente en valor en otras regiones, que puede adquirir una empresa extranjera, se elude por completo si la empresa extranjera muestra que tiene experiencia previa en la actividad productiva para la cual adquieren las tierras. También podrían exceder ese límite máximo si lo hacen esgrimiendo que el objetivo de la adquisición de tierras es cuidar el medio ambiente. En este sentido, entre los casos habitualmente más mencionado, por ejemplo, Benetton podría comprar tierras de manera ilimitada siempre que indique que lo hace para producir lana, actividad en la que ya tiene experiencia. O bien, para cuidar el medio ambiente.
El proyecto de Pinedo, además, propone una relajación de las condiciones que deben cumplirse al adquirir un predio que tiene un curso y/o un espejo de agua. La ley actual es taxativa con respecto a que se debe siempre permitir un paso, de manera abierta e irrestricta, para que otros puedan acceder a esos cursos o espejos de agua. La disputa en torno a Lewis y el Lago Escondido es bien conocida. El proyecto de Pinedo, plantea que el que compra las tierras deberá presentar “un plan de uso o explotación del inmueble”, que deberá ser aprobado por el Comité Hídrico Federal (COHIFE). De la lectura del proyecto ello podría hacerse relajando las condiciones de uso y de acceso a terceros al cuerpo de agua.
Las primeras críticas al proyecto
Ante la presentación del proyecto de ley del Gobierno que promueve relajar las limitaciones para adquirir tierras en grandes superficies por parte de extranjeros, se alzaron algunas voces críticas. Al respecto, una de estas voces es la de la senadora Magdalena Odarda, que aseguró que con este proyecto “se pretende abrir la puerta” para la compra -por parte de empresarios como Lewis o el Emir de Qatar- “de tierras estratégicas que guardan una vital importancia para los argentinos”, ya que “habilita indirectamente excepciones en la cantidad máxima de hectáreas”. Afirmó que su aprobación sería un “notorio retroceso para la soberanía nacional”.
Por otro lado, desde el espacio del kirchnerismo, el ex Secretario de Coordinación del Ministerio de Agricultura nacional, Javier Rodríguez, consideró que “el Gobierno sigue promoviendo una mayor extranjerización de las tierras, y en grandes extensiones. Ahora, con este proyecto; antes, con el decreto que cambió la reglamentación, en detrimento de los productores locales y de todos los habitantes”.
Y agregó: “El fundamento del proyecto de Pinedo es que concibe a las tierras como una empresa cualquiera, y entonces plantea que pueden extranjerizarse prácticamente sin condiciones, si el extranjero muestra antecedentes en la producción que va a llevar a cabo. Asemejan comprar tierras en grandes extensiones por parte de extranjeros con comprar empresas, pero la tierra es mucho más que una empresa.” “El proyecto también prevé relajar las condiciones cuando la tierra que compra la empresa extranjera tiene cursos o espejos de agua, por lo que este proyecto va a facilitar que las grandes empresas se apropien de esos recursos.”
El proyecto de ley, presentado por Pinedo también puso en el debate la política de tierras que está teniendo el actual Gobierno. En el año 2013, el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca creó el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, destinado a la regularización y escrituración de las tierras que estaban en manos de pequeños agricultores y campesinos. El mismo ha sido ejecutado de manera muy pobre durante los casi tres años del Gobierno de Macri.
