“Acá los campesinos tenemos más de 10 o 12 hijos criados sin ayuda del Estado”. Las palabras de Lucía Ruiz, referente de la asociación Unión y Progreso, la Coordinadora Zonal Ruta 81 de Salta, y el Foro de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF), son síntesis de los resultados preliminares de un estudio sobre la contribución socioeconómica de los sistemas pastoriles en Argentina.
El análisis que tendrá sus resultados finales en 2020 fue instrumentado por la Fundación Gran Chaco y Redes Chaco junto al CIRAD de Francia y el Centro de Saberes sobre Pastoralismo (PKH-FAO), con el apoyo del FIDA.
Uno de los resultados presentado por Pablo Frere, secretario ejecutivo de Redes Chaco, sostiene que cada familia contribuye por año con 577 mil pesos. Con un cálculo que se hace sobre 30 mil familias en todo el país surge que la agricultura familiar aporta casi 300 millones de dólares al año. Algunas organizaciones campesinas estiman que son 250 mil las unidades de tierras que producen familias agricultoras en Argentina.
El estudio tuvo una duración de algo más de un año y encuestó a más de 1.200 familias “pastoralistas de todo el país, con presencia en regiones de Cuyo, Patagonia, Zona Andina, Selva y Chaco”, indica el comunicado oficial.
Uno de los objetivos fue tener certezas respecto de la imagen de los campesinos, quienes muchas veces para los economistas “no mueven la aguja” de la macroeconomía. Esta posición es acompañada por un prejuicio: el asistencialismo estatal al sector de la agricultura familiar.
Contrariamente a esa base de pensamiento, del estudio surgió que solo el 28% de los ingresos familiares surgen de actividades fuera del predio o de subsidios o aportes del Estado. El resto de los ingresos surgen de la producción de las tierras que trabajan. Esto se utiliza para el autoconsumo o sale a la venta. Pero no hay registros de esa venta “más aún cuando desapareció el Monotributo Social Agropecuario (MSA)”. La decisión política de terminar con esta herramienta fue de la gestión macrista.
La hipótesis que sigue a este primer relevamiento es que ese dinero
“gira en el mercado interno”, y “la mayoría de esa riqueza circula a
nivel local”, dijo Frere.
La crisis en el sector campesino tiene como primer gran factor las
situaciones vinculadas a lo ambiental. Una de las más conocidas es la
sequía. En segundo lugar, se ubica la inflación.
Cuando la falta de agua se agudiza los campesinos mueven sus animales a zonas más extensas en busca de agua y comida. Aumentan además el trabajo familiar en el predio. En tercer lugar, y a fin de superar la crisis, venden algún activo en su poder. En muy pocos casos y bajo condiciones extremas es que golpean las puertas de los intendentes o de los gobiernos provincial y nacional.
Pero el reclamo fundamental ante las administraciones estatales es la necesidad de ampliar las políticas públicas de tierras. Como ejemplo, Frere indicó que “en Salta los tabacaleros tienen todo a gas. Y eso se hizo con el Fondo Especial del Tabaco que surge de dinero del Estado. Y fue una política pública valiosa y muy importante. Pero es necesario que a los pequeños productores les puedan dar lo mismo”, evaluó el referente de Redes Chaco.
La diferencia con los grandes productores del campo es que los campesinos, como se indicó, hacen funcionar el mercado interno de sus lugares. Sus vecinos con grandes extensiones, por el contrario, suelen producir para exportar. “Y generan divisas que es muy importante. Pero no gastan el dinero en la zona. Ni que hablar de los pooles de siembra que están en otras partes del mundo y no reinvertían ni siquiera en el sector”.
