Desde el equipo del gobernador bonaerense anunciaron que se trabajará para establecer pautas de fumigación para los distritos. En la actualidad, no hay una legislación que establezca los sistemas y cada comuna determina los parámetros para la aplicación de fitosanitarios. En ello trabaja el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
En definitiva, uno de los hombres que pertenecen al riñón del ex diputado nacional adelantó que la aplicación de los fitosanitarios en el territorio bonaerense será uno de los principales temas de la agenda de la cartera agropecuaria. Casi a la par de la búsqueda de la reactivación de la producción a través de créditos especiales.
De esa manera, Rodríguez anunció que en materia de agroquímicos se “avanzará en generar un espacio en donde podamos incorporar el conocimiento del INTA, universidades y otras organizaciones, con el objetivo de llevar adelante una serie de recomendaciones hacia los municipios sobre las pautas que deberían tenerse”.
Desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia. En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conducía Leonardo Sarquis en la era Cambiemos, ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial.
Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que «hacer frente a la problemática supone, en principio, asumir la problemática reconociendo que nuestra provincia se está fumigando indiscriminadamente afectando severamente la salud y la vida de los bonaerenses». De esa manera, subrayó: «Debemos tener voluntad y decisión política para regular la aplicación de fitosanitarios, el mundo entero avanza en esta sintonía. Nuestra provincia no puede seguir regresivamente manteniendo la desregulación, y la política no puede mirar para un costado».
«Establecer límites de respeto a las poblaciones rurales, establecimientos educativos y cursos de agua, acompañado de mecanismos de compensación son indispensables a la hora de garantizar modelos productivos que no afecten ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a un medio ambiente sustentable, y que a su vez sea rentable, seguro y saludable tanto para quien los produce como para quien los consume», subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección.
Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que, junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que está prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora.
De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos. En ese marco, Kicillof puso los fitosanitarios en la agenda 2020.
