El paisaje cambió dramáticamente: hay nutrias, patos y gente que pesca en lo que eran caminos rurales. Por las inundaciones, el precio de la hectárea en el límite entre Santa Fe y Córdoba pasó de los 17.000 dólares que costaba hace cuatro años a los actuales 3000.
El agua domina toda la zona desde hace tiempo, y desde febrero de 2015 apenas baja unos centímetros para, con cada nueva lluvia, subir mucho más rápido.
«Impotencia» es la palabra más repetida por los productores de la zona. Carlos Aguirre llegó a Maggiolo en 1945, cuando tenía 5 años. Toda su vida está ligada al campo. Tiene un tambo en este pueblo de 2300 habitantes en el departamento santafecino de General López, a unos 90 kilómetros de Venado Tuerto; el suyo -que produce unos 4000 litros diarios- es de los últimos que queda; hace un mes cerró uno más grande. El agua no da tregua, complica el ingreso de alimentos, la salida de la leche, sube los costos. De sus 250 hectáreas, la mitad está bajo agua. «El día que no podamos sacar la leche empezaremos a pensar en otra cosa -dice a LA NACION -. ¿Qué vamos a hacer?; ¿cerrar, vender? Hay que seguir, pero me gustaría que alguna autoridad se interese, nos cuente qué piensan hacer, sugerirle algo si le sirve. Así el pueblo va a desaparecer.»
De las 72.000 hectáreas de Maggiolo, la mitad hoy son lagunas. Ni al cementerio se puede llegar, y los muertos esperan en el hospital a que haya piso para entrar. Los productores ceden pasos en sus campos porque queda un solo camino rural que parece una huella y tampoco soporta mucha carga. En las zonas productivas secas hay unos 200 silo bolsas esperando; no hay forma de sacarlos. Cada uno son unos $ 600.000. «Hay un banco tirado en los campos», grafica Rodrigo Avendaño, quien tiene un cuarto de sus 250 hectáreas inundadas y el resto, con algunos anegamientos. Pasó de hacer 60% agricultura y 40% ganadería a todo cultivo. «Me cansé de renegar, de no poder entrar el balanceado, de las enfermedades de los animales. Igual, cuando muevo una bolsa de maíz de 250 dólares para sembrar una hectárea pienso que es como dejar valijas con dinero en medio de la nada; la incertidumbre es tremenda.» Diego Fox se para en la ruta y mira su casa, a unos 150 metros de la banquina. Está en el medio de un lago. «Vamos a poner un criadero de cisnes -ironiza, por los cuatro que nadan cerca del alambrado-. En marzo, cuando el agua bajó un poco, el suelo quedó salinizado. No sirve más.» Le quedan unos 50 animales (vendió cerdos, ovejas, gallinas) que tiene en las únicas 20 hectáreas secas de las 75 que posee.
El último fin de semana llovieron 60 milímetros, pero el efecto fue el de un diluvio porque la tierra está saturada. Aguirre apunta que la economía del pueblo empieza a sentir el impacto. «El año pasado, pese a todo, se sembró. Pero ahora no es lo mismo; las pérdidas son muchas y la baja de la rentabilidad, fuerte.»
Fox, que trabaja para otros campos, cuenta de uno que -bajo el agua- decidió largar los animales que le quedaron a que pastoreen «en la calle». Otros dan vuelta la ecuación y ofrecen hasta el 80% del valor del cereal a quien lo saque del campo. «No se puede; no hay piso. Los camiones no pueden entrar, como tampoco podemos ingresar con las sembradoras. Está todo semiparado», agrega.
Los productores pagan al municipio una tasa equivalente a 17 litros de gasoil por hectárea para el mantenimiento de caminos. Pero, además, compran piedras para tirar y tratar de consolidar la superficie o hacer defensas en los campos. «Los funcionarios minimizan todo -aporta Avendaño-, no toman conciencia de lo que pasa.»
Hartazgo
Hace unos meses, Luis Bressan cerró su criadero de cerdos en Arias; vendió los 1500 animales que tenía y se quedó con 45 vacas madre y algo de agricultura. La mitad de su establecimiento, 130 hectáreas, es una gran laguna. Hay que entrar en tractor y confiar que no quedará atascado; en muchos sectores el agua supera el metro. Todavía le quedan 80 quintales de soja del año pasado embolsados que no puede mover. »
Hasta mi mamá se fue; se resignó a que ya no podía quedarse más -describe-. Causa dolor ver cómo se pierde todo y con lo de uno se arrastra a otros 20, al que me vendía el balanceado, al del gasoil, al ferretero, al herrero, al del camión. Si algún día el agua baja servirá poco de la infraestructura.»
Arias, Cavanagh, Guatimozín -todas en el departamento Marcos Juárez, Córdoba-, llevan años peleando con el agua. Los productores se movilizan, se reúnen, reclaman, proponen. Y el agua sigue. Ángel Mannavella tiene el 40% de sus hectáreas inundadas hace dos años; le quedan unos animales y hace agricultura. «Me voy comiendo solo. Ahora tengo que vender 35 vacas, pero no se puede seguir mucho más así. Todos buscamos otra cosa, pero acá todo depende del campo.»
A la familia de Juan Carlos Toledo no le quedó nada de sus 160 hectáreas; el inicio de la crisis hace cuatro años los hizo perder todas las tierras. Estima que es un millón de pesos bruto por año. «En un tiempo se había alquilado, y cuando lo retomamos tenía problemas, cuando el agua invadió estábamos mal parados y se tuvo que abandonar. No se podía con los costos que se multiplican y la rentabilidad que cae.»
«Es como si el flete costara en vez de 450 pesos, 900. Ese es el efecto de usar más gasoil, hacer más viajes, perder calidad en la cosecha, embolsar, pérdidas en el embolsado, sacar fuera de tiempo.» Carla Zencich alquila 250 hectáreas en Cavanagh, el 20% está bajo agua. Señala que desde el año pasado, los contratos se hacen por superficie cosechada, «si no es imposible, no se puede pagar».
«Uno sigue hasta que el hartazgo gana -advierte Mannavella-. Quedan tres caminos rurales, hay que arreglar pasos con otros productores a los que se les arruinan esas zonas por los camiones, que hay que cargarlos a media para que aguante el piso. Un día terminás vendiendo todo.»
Para Toledo, la situación es «peor que la 125 [la resolución que quiso aplicar Cristina Kirchner aumentando las retenciones al campo], es una catástrofe. Hay mucha impotencia, los trabajadores con chicos se van porque no pueden salir al colegio, al médico. Muchos no venden, pero no producen». «Los funcionarios piden que produzcamos más, que agreguemos valor -sigue Zencich-. ¿En dónde vamos a producir? Las pérdidas promedio de lo que se hace es del 40%.» En la zona esperan que el «proyecto Carcarañá» de obras que beneficiaría a unas 140.000 hectáreas salga «urgente». Son unos $ 300 millones.
