La primicia que publicó la semana pasada La Política Online respecto al bono de $ 500 mil que cobró el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, por parte de la Sociedad Rural (SRA) está generando todo tipo de derivaciones.
Es que en los últimos días un grupo importante de socios de esa entidad se juntaron para exigir que los integrantes de la Comisión Directiva brinden explicaciones detalladas sobre el pago «reconocimiento/gratificación» abonado al funcionario macrista.
De hecho, estos socios -que pagan una cuota mensual para el funcionamiento de la entidad- quieren saber quiénes son los 14 directivos que aprobaron el bono, mientras evalúan iniciar acciones legales en la Inspección General de Justicia (IGJ).
En tanto, en una carta que le enviarán este martes al presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, los socios de la SRA -además de expresar su «profundo desagrado»- exigirán la devolución de los $ 500 mil dado que afecta «el buen nombre» de la entidad.
Esto porque consideran que, si bien el pedido de Etchevehere se sometió a votación, no se trató de una «deuda», ni de una «liquidación final de haberes» y mucho menos de una «contingencia impositiva», como intentaron justificar los contadores de la SRA.
Este medio pudo saber que los socios e inclusive los once directivos de la entidad que votaron en contra del ministro comenzaron a asesorarse con abogados. El problema que enfrentan es que muchos de ellos temen eventuales represalias.
Las consultas giran en torno a que, al parecer, Etchevehere utilizó su cargo, su poder y su influencia para cobrar medio millón de pesos, lo que podría enmarcarse en la figura de dádivas que ahora la Oficina Anticorrupción debe decidir si lo investiga o no.
En el organismo que conduce Laura Alonso aún no definieron si el ministro violó, al menos, la Ley de Ética Pública que determina que los funcionarios públicos deben declarar todos los regalos que reciben y devolver los que superen los $ 4 mil.
Del otro lado, los 14 directivos de la SRA que se manifestaron a favor del ministro de Agroindustria también comenzaron a asesorarse con estudios jurídicos de primer nivel de la ciudad de Buenos Aires para evaluar los riesgos de la medida que tomaron.
En este sentido, en el grupo de los 14 eran conscientes desde un inicio que el bono a Etchevehere, como mínimo, violaba la Ley de Ética Pública y por este motivo apuraron al máximo todos los plazos para concretar el pago antes de la jura del ministro.
El tema es que, si bien el entrerriano juró el 21 de noviembre pasado, empezó a ejercer el cargo de ministro el mismo 31 de octubre, día en el que Marcos Peña, en conferencia de prensa, comunicó el nombramiento junto al de Adolfo Rubinstein.
Por esto, durante esos 22 días surgió el pedido de Etchevehere a la Comisión Directiva de la SRA para que le paguen lo que fue interpretado como una especie de «compensación económica» por la pérdida de ingresos que sufrirá por asumir el cargo.
Como sea, con este pedido el ministro consiguió explotar al máximo las internas en la SRA que ahora quedó partida entre los 14 directivos que apoyaron el pago del bono, los 11 que se opusieron y el resto de los socios que exigen respuestas inmediatas.
