Las cifras se traducen en 109.000 hectáreas aproximadamente, un 36% del total del área sembrada, de acuerdo con la Dirección Nacional de Estimaciones y Delegaciones. Cabe señalar que el porcentaje de hectáreas con semilla fiscalizada en la campaña anterior no superaba el 11%.
Desde el área destacaron en base a estos resultados la importancia de la creación del Registro Único de Semillas (RUS algodón), los trabajos de fiscalización realizados por parte del INASE, y la interacción con el sector privado de la cadena algodonera.
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, señaló que «estos resultados provisorios son muy alentadores, ya que nos animan a seguir trabajando en esta línea de acción». Y agregó «que se genere un marco normativo confiable y que los productores respondan de esta manera hará seguramente que nuevos actores quieran invertir en genética algodonera en Argentina».
El presidente del INASE, Raimundo Lavignolle, destacó por su parte que «este es un esfuerzo liderado por el Estado y acompañado por toda la cadena algodonera, con el claro objetivo de combatir la ilegalidad en la semilla de algodón, que no solo genera falta de incentivos para que los productores tengan acceso a genética moderna para el cultivo, sino que es también el origen del cultivo ilegal cuya producción se comercializa sin pagar los impuestos que corresponden perjudicando toda la producción».
Esta política se enmarca en los ejes que Agroindustria sostiene para el sector. Se trata, en este sentido, de focalizar en la sanidad, con la utilización de Entes Sanitarios para combatir la plaga del picudo; el programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Fibra de Algodón (Procalgodón), que se ejecuta en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); la generación de reglas claras para incentivar la introducción de variedades modernas de semillas; y la transparencia en la comercialización de la fibra.
