El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga y el titular de AFIP, Leandro Cuccioli, recibieron el martes por la tarde a una comitiva de Federación Agraria Argentina tras el pedido de audiencia que la entidad elevó el pasado 20 de marzo para dar a conocer sus reclamos en medio de la sequía que afronta el sector agropecuario.
“Pedimos que se suspendan por un tiempo las intimaciones a productores que no han podido terminar con las Declaraciones Juradas o que tengan algún anticipo de Ganancias, Monotributo o Monotributo Social Agropecuario que no hayan podido pagar“, expresó Omar Príncipe, presidente de FAA.
Príncipe contó que otro de los pedidos fue el de la necesidad de “acceder a financiamiento con tasas de interés blandas o cero (para hacer frente al costo de vida y a lo necesario para avanzar con una nueva campaña), de poder refinanciar las deudas”. En ese sentido, informó que se acordó una nueva reunión en el BNA en donde esté presente el sector cooperativo.
“También pedimos la quita de retenciones. Les expresamos que somos 56.000 los de esta escala (esto es, el 74% del total de productores de granos) y representamos sólo el 17% de la producción de granos en la Argentina, lo que evidencia la gran concentración que hay. Miles de estos productores sin medidas extraordinarias no van a poder sostenerse”, sostuvo el dirigente.
Y afirmó que además se necesitan “la postergación del pago de los tributos y la posibilidad de tener un plan de pagos con un año de gracia para poder afrontar los impuestos nacionales, provinciales y municipales que tenemos los productores”.
Según el directivo, hay estimaciones que indican que la Argentina “no va a superar los 40 millones de toneladas a nivel global de producción, lo cual implica entre 14 y 15 millones de toneladas de pérdida, y se traducen en alrededor de US$ 5.000 millones”. “A nosotros nos preocupan esas cifras en términos de los miles de productores que ante esta situación extraordinaria, que están cosechando muy pocos quintales por hectáreas, lo cual puede implicar que puedan desaparecer”, agregó.
En relación con las tarifas de los servicios y el impacto de las importaciones, Príncipe indicó que “se da una paradoja para muchos productores de las economías regionales que generan valor agregado y puestos de trabajo al industrializar sus producciones. Para ellos la energía es un insumo cada vez más caro: ha aumentado un promedio en 2017 entre un 70 y un 80%, mientras que las producciones aumentaron sólo un 15% o nada. Es un tema clave contar con un precio diferencial para los pequeños productores en el tema energía, que en muchos casos tienen que usar bombas que funcionan con energía eléctrica para el riego, por ejemplo”.
“También planteamos la necesidad de frenar las importaciones de alimentos en momentos de cosecha, como se da ahora en el caso de la papa que viene de Brasil. Finalmente, les pedimos que se avance con las compras públicas de los productos de los agricultores familiares, herramienta que puede funcionar como garantía de precios justos y de acceso a los mercados para dichos productores”, cerró.
Durante el encuentro también estuvieron presentes el vicepresidente 1°, Ariel Toselli y el secretario gremial, Orlando Marino. Por parte del Gobierno Nacional, fueron Gustavo Lopetegui, Santiago del Solar y Santiago Hardie.
