Uno de los cultivos de maíz aprobados incorpora múltiples genes para el mayor control de insectos lepidópteros, como así también tolerancia a los herbicidas glifosato y glufosinato; el otro, posee resistencia a los herbicidas 2-4D y ariloxisfenoxi.
En relación al cultivo de soja, se caracteriza por otorgar tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato e isoxaflutole, facilitando el control de malezas resistentes a partir de herbicidas con diferentes mecanismos de acción.
Esta decisión se apoya en el trabajo de un sólido sistema regulatorio para los organismos genéticamente modificados, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio. En la evaluación de los productos intervino la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), Centro de Referencia para la Bioseguridad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Asimismo, la inocuidad y aptitud alimentaria fue evaluada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en tanto que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) estuvo a cargo de los controles regulatorios durante las etapas de liberación experimental a campo.
Al respecto, el ministro Luis Miguel Etchevehere expresó: «Estas tres primeras autorizaciones apenas comenzado el 2018 son fruto de la política de agilización que impulsamos como un eje de gestión. En este caso aplicada a los trámites para incorporar innovaciones para el productor. Nuestros objetivos son incrementar la sostenibilidad, productividad y exportaciones agroindustriales, para lo cual debemos aprovechar el liderazgo de nuestro país en el desarrollo, regulación y utilización segura e inteligente de la biotecnología agroindustrial».
Dichos cultivos, desarrollados por las empresas Syngenta, Dow y Bayer, respectivamente, ofrecen al productor un nuevo aporte de herramientas para facilitar el control de insectos y malezas, además de mitigar la aparición de plagas resistentes gracias a la combinación de diferentes mecanismos de acción.
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Resolución 26/2018