La inversión productiva, entendida como una cantidad de dinero destinada a un proyecto o a un negocio para generar desarrollo y obtener ganancias, se ha convertido en el país en un arma de doble filo. Si bien el escenario sigue siendo fértil para destinar recursos económicos en determinadas actividades, la inseguridad jurídica y los cambios en las reglas de juego han sido constantes en los últimos meses.
Los ejemplos sobran y parecen consolidarse con el paso del tiempo.
Quienes de manera más recurrente han padecido estos virajes son los productores agrícolas. Han sido obligados a convivir de manera permanente con la posibilidad de una intervención comercial o de un aumento en las retenciones a las exportaciones. Además de haberse tenido que acostumbrar a que los incrementos en el impuesto los agarren siempre en plena campaña y con la inversión en la producción ya realizada. Siempre está la duda como gran protagonista.
La que por estos días atraviesa momentos de irresolución es la industria de los biocombustibles. A menos de 60 días para que termine la vigencia de la ley nacional que implementó el régimen de regulación y promoción para la producción y usos sustentable de los biocombustibles, nada se sabe sobre el futuro de la actividad.
Si bien la prórroga de la ley ya tiene media sanción por parte del Senado, en la Cámara de Diputados la iniciativa parece cajoneada y esto genera preocupación en la industria y en las autoridades de las provincias donde el sector tiene radicadas sus inversiones. En Córdoba, principal productora de etanol de maíz, representantes del Gobierno expresaron de manera pública la necesidad de prorrogar la norma para dar previsibilidad al negocio. Al mismo tiempo, culpan a las autoridades de la Cámara Baja de frenar la iniciativa ante la presión que ejercen las petroleras.
Esta semana, en una videoconferencia a través de la cual presentó a 18 fondos de inversión de alcance mundial las oportunidades de Argentina, el presidente Alberto Fernández aseguró: “Necesitamos inversión extranjera que invierta en trabajo, arriesgue, produzca y gane”. Mientras tanto, los 550 millones de dólares que invirtieron los productores para elaborar etanol sobre la base de maíz hace menos de una década navegan en un mar de vacilaciones, por falta de decisión política.
Protestas
Lo mismo ocurre con el complejo agroexportador de granos y de subproductos oleaginosos, el mayor generador de divisas del país. Ni este rol protagónico lo salva de los padecimientos que significó durante casi todo diciembre pasado la paralización de sus actividades, debido a un conflicto gremial que la autoridad laboral demoró en resolver.
Esta semana, se repitió la situación cuando, en el arranque de la cosecha, un bloqueo sobre Puerto San Martín por una medida de fuerza sindical paralizó el comercio y el flujo de camiones hacia las terminales del Gran Rosario.
En todos los casos, el pedido de solución del sector privado choca de frente contra un Estado que se demora en dar respuestas y en resolver los diferendos. Esto hace que la incertidumbre sea el insumo más caro que la agroindustria paga por estos días.
