Subdeclaración de compras y ventas, uso de facturas apócrifas y de matarifes fantasma para ocultar operaciones, algunas de las irregularidades detectadas. Los desvíos en el rubro que, con sus precios, mayor angustia provoca en la población. La relación con las fracasadas negociaciones con el gobierno.
Un megaoperativo lanzado por la AFIP sobre los 154 frigoríficos más grandes del país, para detectar presuntas irregularidades en el comercio de carnes, tanto para el mercado interno como con destino a la exportación, ya está arrojando los primeros resultados: en nueve de cada diez establecimientos relevados se identificaron maniobras de subfacturación o no declaración de operaciones, tanto de venta (carne faenada) como de compra (animales en pie). Este estado de irregularidades extendido podría ser la punta del ovillo para llegar a la raíz de los abusos y descontrol en materia de precios con los que funciona el mercado de las carnes en Argentina. El intento de acuerdo del gobierno con el principal consorcio de frigoríficos exportadores quedó estancado el jueves a la noche ante la negativa de este núcleo empresario a ampliar la oferta de carne a precios accesibles al mercado interno. Mientras tanto, las exportaciones de carne vacuna siguen suspendidas, aunque con excepciones a favor de algunos países con los que existen contratos especiales, como la Unión Europea (cuota Hilton), Estados Unidos y Colombia.
Los 154 establecimientos investigados por la DGI representan el 40% de todos los frigoríficos del país y explican el 72% de la faena total de carne vacuna. Como parte del trabajo de análisis de toda la cadena, el organismo de control impositivo que encabeza la ex senadora nacional Virginia García detectó además la existencia de un grupo de matarifes que recurren a sociedades y personas sin capacidad operativa ni económica para desarrollar sus actividades. Tan sólo en los últimos tres años, entre 2018 y 2020, se identificó que estre grupo adquirió y llevó a faena un total de 582.000 cabezas de ganado.
Estos matarifes, al carecer de establecimientos propios, actúan como “usuarios de servicios de faena” en instalaciones de terceros, es decir, frigoríficos formales a los que contratan. Una de las hipótesis sobre la que trabajan los equipos técnicos de la DGI es que los matarifes sin capacidad económica que eluden las registraciones formales mediante el uso de facturas apócrifas, constituyen una pantalla para otros frigoríficos que operarían a través de este mecanismo, triangulando las compras y las ventas para evadir impuestos.
Tampoco sería ajeno a estas maniobras el desvío de parte de la oferta, para obtener mejores precios por vía de operaciones ilegales hacia el exterior, y el consecuente encarecimiento de los precios al mercado interno, al cual así se le estaría restando oferta. Es tal el grado de irregularidades que se está detectando en el comercio de las carnes, que ya las estadísticas oficiales que presenta la propia industria deja de ser confiable para sacar conclusiones.
Operativo de control
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ordenó distintas acciones a través de la DGI y la Aduana, bajo su dependencia, con el objetivo de detectar y tratar de desarticular maniobras de evasión de impuestos y tasas de comercio exterior (derechos de exportación), mediante las cuales se evade además la obligación de liquidar las divisas en el mercado oficial de cambios. Por la brecha de paridades entre la cotización oficial y la alternativa de ingresar las divisas no declaradas por mercados alternativos (contado con liquidación o dólar «bolsa»), la renta adicional que se obtiene en estas operaciones espúreas está en torno al 50%, sólo por diferencias de cambio.
Una semana atrás, la Dirección General de Aduanas, que dirige Silvia Traverso, informaba sobre la denuncia formulada contra 19 frigoríficos por la realización de operaciones fraudulentas en exportaciones de carne. La pesquisa aduanera determinó que las firmas denunciadas «declararon mercadería en forma incorrecta con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar ventas». Lo que surge de la fiscalización es que se declaraba exportar «hueso y carne no apta para consumo», que se ubica en el escalón más bajo de pagos de derechos de exportación (5%), cuando en realidad se trataba de envíos de alimentos aptos para consumo humano alcanzados por una alícuota superior (9%). El destino de estos embarques era China y Hong Kong, fundamentalmente.
Complementariamente, las acciones de fiscalización de la DGI apuntan a garantizar que los distintos eslabones de la cadena productiva cumplan con sus obligaciones tributarias. El operativo de fiscalización sobre los 154 frigoríficos más grandes del país comenzó cuatro o cinco semanas atrás, aproximadamente. Se trata de firmas que, en el peor de los casos, facturan individualmente por encima de los 250 millones de pesos al año (más de 2,5 millones de dólares). Son los responsables, en conjunto, de más del 70% de la faena de carne vacuna del país.
Aunque todas las fiscalizaciones se encuentran en proceso, y las multas y elementos para otras sanciones o imputaciones por delito fiscal recién surgirán al final del procedimiento, Página/12 tuvo acceso a algunos datos preliminares del Informe Ejecutivo del Operativo Frigoríficos. Como resultado de las tareas de control ejecutadas hasta el momento, la DGI detectó «maniobras de subfacturación de compras, utilización de facturas apócrifas y operaciones no declaradas, entre otras irregularidades» por parte del 90 por ciento de los frigoríficos inspeccionados.
Los establecimientos fiscalizados por la DGI están distribuidos por todo el país, pero la mayoría de los casos corresponde a plantas emplazadas en el área metropolitana de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Los primeros procedimientos arrancaron en los últimos días de abril, pero el grueso de los casos se inició a lo largo del mes de mayo. Intervino en las inspecciones físicas un cuerpo integrado por 190 agentes, venciendo las dificultades propias de las restricciones en materia sanitaria a raíz de la pandemia y las distintas condiciones que se presentan en las diferentes localizaciones de los establecimientos.
Los procedimientos abiertos otorgan a los inspectores un plazo de hasta 120 días para relevar documentación de las firmas, los cuales serán utilizados para tratar de precisar los mecanismos de evasión utilizados de modo sistemático. En la tarea están participando e interactuando diversos organismos del Estado, como el Senasa, Banco Central y Ministerio de Agricultura y Ganadería. También estarían involucrados, en la medida que se detecten maniobras de lavado y la utilización de la formación de sociedades apócrifas para cometer delitos, la UIF y la IGJ.
Fiscalización a matarifes
Una de las formas en que se desarrolla el comercio de carnes, usualmente de manera informal, es el de la comparaventa de matarifes. Es decir, operadores que compran la hacienda, en remates o directamente al productor, llevan los animales hasta un establecimiento industrial de propiedad de terceros y allí faenan. Luego destinan la carne ya faenada, en medias reses, a su distribución en carnicerías.
Pero en los últimos tres años se notó una presencia creciente de estos mismos actores en el comercio exterior. No era usual que un operador sin capacidad económica ni en muchos casos técnica para los requerimientos de la exportación, pudiera acceder con tanta facilidad a este negocio. Sin embargo, la irrupción de compradores asiáticos en el mercado local relajó en gran parte las exigencias. Por otro lado, no es un dato menor que el gobierno de Cambiemos desarmó distintos mecanismos de regulación y registros de exportación, supuestamente en nombre del «libre mercado» pero en mayor medida en beneficio de las operaciones truchas con fines de fuga de divisas.
Hasta el Consorcio de Exportadores de Carnes, el núcleo de menos de veinte grandes frigoríficos nacionales y extranjeros que dominan lo más jugoso del negocio, reconoce que de sus plantas sale el 85% del producto de origen vacuno que se exporta, que son ventas del propio frigorífico en el caso del 50% de las exportaciones, pero los restantes 35 puntos son producto de la faena para terceros. La relación entre los principales matarifes y los grandes frigorírifcos es, entonces, innegable.
El análisis de la cadena de las carnes, su procesamiento y comercialización, que realizó la AFIP llevó a la detección de la existencia de matarifes que vienen utilizando la figura de sociedades sin domicilio real y con responsables carentes de capacidad económica. Tampoco cuentan, en la mayor parte de los casos, con la capacidad operativa y técnica para intervenir en operaciones del volumen y caracteristicas en la que declaran ser titulares. La cantidad de ganado enviado a faena por este tipo de empresas insolventes y de condición irregular, al menos por las operaciones detectadas por la DGI, acumulan 582 mil cabezas, tan sólo entre 2018 y 2020.
La hipótesis de trabajo sobre la cual se orientan las investigaciones del organismo fiscalizador es que dichas organizaciones de matarifes podrían estar actuando como pantalla de grandes o medianos frigoríficos, que los utilizarían para derivar hacia ellos parte de sus operaciones y evadir impuestos. El uso recurrente de facturas apócrifas y su propia condición de «usuarios de servicio de faena» por parte de estos matarifes, que en muchos casos carecen de condiciones económicas que permitan explicar el movimiento de animales realizado, lleva a sospechar que alguien más poderoso se mueve detrás de ellos.
A fuego lento
El negocio de las carnes se mueve desde hace años con demasiadas operaciones en las sombras. Pero esta situación adquirió un tinte más dramático por la disparada del precio de la hacienda, ya desde antes de mitad del año pasado, y su proyección sobre el precio en el comercio minorista. Algunas experiencias de venta directa por canales no tradicionales, como la realizada por organizaciones de la economía popular (Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT), o con gestión directa de organismos públicos (Municipio de Castelli) demuestran la posibilidad de llegar al público con precios entre 40 y 60% más barato en cortes populares. Los intentos del gobierno nacional por alcanzar un acuerdo con los grandes actores del negocio resultaron hasta ahora infructuosos. Y tal vez, una buena explicación para ello sea la madeja de intereses ocultos en este negocio, que la investigación de la AFIP está empezando a revelar.
Fuente: Pagina12 por Raul Dellatorre
