FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó la medición trimestral que indica cuánto de lo que produce el campo se lo queda el Estado en impuestos.
En junio 2021 se registró que 61,8% de la renta agrícola queda en los distintos niveles de gobierno. “En otras palabras: el productor en el campo vende su cosecha, a eso le resta los costos que tuvo para producirla. Una vez hecha esa cuenta, valor de la producción menos los costos, supongamos que da $100, de esos $100 el Estado se queda con $61,80 entre impuestos nacionales, provinciales y municipales”, explicó David Miazzo, Economista Jefe de FADA.
Esta medición es un promedio ponderado de cultivos a nivel nacional, pero el estudio también muestra cómo se da en distintos cultivos. Así, detalla que la participación del Estado en soja es del 67,7%, maíz 50,6%, trigo 59,9% y girasol 47,1%.
Soja, trigo y maíz: ¿Federalismo fiscal?
“Cuando hacemos este trabajo siempre llegamos a la misma conclusión: el esquema de impuestos argentino para el campo es, por lo menos, contradictorio. Una actividad que se realiza en todo el país, que está arraigada regionalmente a lo largo y ancho de la Argentina, tiene dos tercios de los impuestos que son nacionales y que no vuelven a las provincias de origen, entonces hay que preguntarse, ¿Eso es federalismo fiscal?”, se preguntó Miazzo. Los derechos de exportación impactan negativamente sobre el federalismo de tres formas: incrementan los recursos no coparticipables, reducen los coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias y, finalmente, porque son recursos que salen de las zonas productivas.
El 61,8% de participación del Estado está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales algunos coparticipables y otros no. De los tributos que afronta una hectárea agrícola, el 66,6% son impuestos nacionales no coparticipables, mayormente derechos de exportación, a lo que se suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Los impuestos coparticipables entre Nación y las provincias representan el 28,2%. Acá están principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.
Las provincias reciben parte de este 28,2% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Índice FADA nacional se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 4,7% de los impuestos totales.
Por último, los impuestos municipales representan el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.
Precios y tipo de cambio
Respecto a junio de 2020 el precio FOB de la soja ha mejorado un 60%, el del maíz 72%, el trigo 14% y el girasol 100%. Esto también se tradujo en incrementos de los precios disponibles en el mercado interno.
En los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 35,6%, pasando de $69,97 por dólar a $94,86. En los últimos 3 meses, se incrementó un 4%.
En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en los últimos 12 meses empeoró un 9,5%. Medido a precios de junio de 2021, el tipo de cambio de junio de 2020 era el equivalente actual de $104,83.
“Esto significa que el tipo de cambio comienza a atrasarse respecto a la inflación, incrementando los costos de la producción al medirlos en dólares, algo malo para cualquier actividad exportadora”, alertó Miazzo.
Costos
Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 51% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 49% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, los costos dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 64%. En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 59% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 41%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 66%.
“En términos de costos hay algunas luces amarillas, en el último año: los precios de los fertilizantes han aumentado un 40% en dólares. El gasoil ha sufrido aumentos de precios superiores al 70%. Los costos de labores se han incrementado en un 50%. Las tarifas de referencia de fletes muestran aumentos cercanos al 50%, sin embargo, se reportan incrementos reales de hasta el 85% ante la temporada alta de fletes”, advirtió economista de FADA Nicolle Pisani Claro.
Para profundizar en cada caso, se analizan los costos involucrados en una hectárea de maíz, para tomar como ejemplo. Se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos.
Al analizar los costos resaltan dos puntos. El primero, los gastos de fobbing representan entre el 9% y el 12% de todos los costos involucrados en una hectárea de maíz.
El segundo punto, son los fletes, donde se puede ver claramente cómo se va incrementando la participación a medida que uno se desplaza hacia el interior argentino. En el caso del maíz, el flete representa el 20% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 22%, en San Luis el 23%, en La Pampa el 21% y en Entre Ríos el 17%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 15%. Aquí se ve claramente el efecto que el atraso cambiario genera sobre los costos, el flete incrementó su participación sobre los costos en cerca de 4 puntos porcentuales respecto al informe anterior.
Índices Provinciales
El índice FADA en Córdoba registra un 61,7%, Buenos Aires 60,4%, Santa Fe 60,5%, La Pampa 60,7%, Entre Ríos 64,2% y San Luis 60%.
En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos y provincias. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia. Para cada caso se utilizaron los rindes estimados para la presente campaña y los costos de producción de labores e insumos necesarios para esos rindes promedio en cada región.
En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos con distintas alícuotas. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.
“Acá tenemos otra situación desfavorable para la actividad porque el pacto fiscal entre Nación y provincias contenía el compromiso de las provincias de llevar ingresos brutos gradualmente al 0%, pero esta baja fue suspendida con la cancelación del Pacto Fiscal”, aclaró Pisani Claro.
San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas. Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. “Vale resaltar que esto no sólo depende de la decisión de los propios municipios sino del ordenamiento normativo en cuanto a lo territorial. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires un municipio/partido tiene jurisdicción sobre las áreas rurales y coexisten caminos rurales municipales y provinciales, mientras que, en Córdoba, dentro de un departamento hay muchos municipios, pero estos no tienen jurisdicción sobre las áreas rurales, sólo sobre el ejido urbano”, explicó la economista.
