En las últimas horas comenzaron a tomar fuerza una serie de versiones que indican que el Gobierno nacional intentaría consensuar con el sector agropecuario una suba de retenciones a la soja y volver a imponer ese impuesto en el caso del maíz.
LPO pudo saber con diversas fuentes que los rumores surgieron a partir de una serie de gestiones que iniciaron dirigentes que representan a sectores de las industrias avícola y porcina que fueron perjudicados por la eliminación de los derechos de exportación.
Es que, ante la necesidad de la Casa Rosada de disminuir el déficit, la tentación del ala política del Gobierno siempre aparece sobre el agro intentando imitar lo que hizo el ex presidente Eduardo Duhalde cuando negoció en 2002 la imposición de esa alícuota.
El tema es que la eliminación de retenciones al campo fue una de las promesas que Mauricio Macri pudo cumplir desde los primeros días de su gestión y que, incluso, trajo muy buenos resultados en cuanto a productividad e inversiones se refiere.
En la soja, si bien la baja no fue total como en maíz y trigo, las retenciones se redujeron en el primer año de gestión de Cambiemos en 5 puntos porcentuales del 35% al 30% y actualmente se están bajando 0,5 puntos por mes para terminar el 2018 en un 24%.
Por eso, al menos por el momento, en el Ejecutivo rechazan de plano la idea de aumentar las retenciones a la soja al 35% y fijarlas en un 15% o 20% en el caso del maíz, aunque reconocen que el lobby de los polleros y porcinos existe.
También hay sectores del kirchnerismo y la izquierda que están de acuerdo con retornar al régimen vigente hasta diciembre de 2015 para aumentar la recaudación fiscal. El tema es que el peronismo dialoguista y los gobernadores también rechazan esta idea.
Así las cosas, los productores de pollos y cerdos están furiosos porque, primero la sequía y luego la devaluación del 25%, trajeron fuertes subas en sus insumos. La soja, por ejemplo, aumentó a $ 7.300 por tonelada y el maíz a $ 4.300 por tonelada.
En tanto, el trigo por el momento no está dentro del plan de los lobbistas porque quedó demostrado que las retenciones a este cultivo generaron un enorme daño a toda la cadena de valor con cosechas que apenas alcanzaban a cubrir el consumo interno.
Como sea, el máximo referente de la industria avícola es Roberto Domenech, un dirigente cercano en su momento al kirchnerismo y quien iba a ser ministro de Asuntos Agrarios de la provincia si Aníbal Fernández ganaba las elecciones en 2015.
Durante el periodo 2007/2010 los frigoríficos avícolas fueron los más favorecidos por el viejo sistema de compensaciones recibiendo unos $ 2.100 millones por parte de la disuelta ONCCA con el propósito de mantener estable la «mesa de los argentinos».
El sector avícola no solo recibió compensaciones sino que también obtuvo subsidios indirectos. Esto porque la intervención oficial al mercado de maíz hizo que las firmas polleras adquirieran el grano a un precio muy por debajo de su valor real.
Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Cerdo (AAPC) es Juan Luis Uccelli, un férreo opositor a la apertura de importaciones de carne de cerdo de Estados Unidos que planteó el Gobierno para poder exportar limones a ese destino.