a mayor sequía en 50 años, que tuvo en vilo al campo durante cinco meses, hasta que hace 15 días regresaron las lluvias de manera generalizada, afectó a más del 80% del área agrícola a nivel nacional.
Por la sequía, la producción de soja, el principal cultivo del país, caerá en casi 20 millones de toneladas respecto del ciclo agrícola pasado. De una cosecha de 57,5 millones de toneladas, ahora se recolectarán, según la última estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 38 millones de toneladas. La merma en términos porcentuales es del 34 por ciento. En maíz, en tanto, de una cosecha de 39 millones de toneladas ahora se están aguardando 32 millones de toneladas, un 18% menos.
El año pasado, la cosecha total argentina fue de 130,2 millones de toneladas. De ese volumen, se exportaron 90,7 millones de toneladas y el ingreso de divisas se ubicó en 27.700 millones de dólares. Para este año, por la sequía según la consultora Agritrend la producción será de 103 millones de toneladas, en tanto que se venderán al exterior 74 millones de toneladas por US$24.200 millones. En ingresos habrá una pérdida de US$3500 millones. Hubo una mejora en los precios por el efecto de la menor producción que compensó en parte una pérdida inicial que se calculaba bien por encima de los US$4000 millones.
El impacto también se puede ver en otros sectores. Según un informe de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, realizado por Adrián Gutiérrez Cabello con la colaboración de Agustina Ciancio, por cada millón de toneladas menos producida se perderán alrededor de 34.000 fletes en camión.
«Por estos viajes de menos, desde el campo hasta la planta industrial o puerto, cae el consumo de gasoil; se retrae en aproximadamente 3,07 millones de litros», dice el trabajo, que agrega: «El servicio de cosecha (por la recolección de la producción que hacen los contratistas) tiene una caída en sus ventas de 395 millones de pesos por cada millón de toneladas perdida».
En emergencia
En este contexto, según datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Corrientes, Santa Fe y Santiago del Estero ya emitieron un decreto provincial que declara la emergencia en sus territorios. Entre Ríos emitió, además, una declaración que ya fue homologada por el gobierno nacional.
Santa Fe, por ejemplo, ya declaró la emergencia para más de 5,8 millones de hectáreas y falta la homologación nacional. En el caso de Buenos Aires, la comisión de emergencia provincial declaró la emergencia para 27 municipios, que involucran 3,5 millones de hectáreas, y ahora resta la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal.
«Se está aguardando por los decretos de las provincias en similar situación: Buenos Aires, Córdoba y La Pampa», indicó una fuente de esa cartera.
Una vez que una provincia declara la emergencia, luego se trata a nivel de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Eso ya se hizo con Entre Ríos, que es la única que tiene hasta ahora la homologación nacional por sequía.
¿Para qué sirve la declaración de emergencia? Según señaló Agroindustria, la ley de emergencia nacional, vigente desde 2009, contempla entre sus beneficios «diferimiento del vencimiento general de las obligaciones impositivas de pago de las declaraciones juradas y/o anticipos del impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales, a la ganancia mínima presunta y el fondo para educación y promoción cooperativa».
También incluye la «suspensión del término corrido de prescripción y caducidad de instancia, deducción del impuesto a las ganancias por venta forzosa de hacienda y plan de facilidades permanente para contribuyentes alcanzados por la emergencia y/o desastre agropecuario en aportes de la seguridad social y en contribuciones patronales e IVA y beneficios bancarios a través del Banco de la Nación como la espera de vencimientos desde la declaración de emergencia hasta la finalización del ciclo productivo, entre otras medidas».
Ayer, en una reunión entre la Mesa de Enlace y el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, el tema de la sequía estuvo en la agenda. Hubo planteos por las demoras de algunas jurisdicciones en declarar la emergencia por sequía. «Se habló de la tardanza en la declaración de la emergencia en los municipios y las provincias y también de los métodos que usan para evaluar la emergencia. Queremos tener acceso para calibrar ese método de evaluación, por ejemplo, con la presentación de casos reales», afirmó Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Fuente: La Nación
