El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social difundió las condiciones a partir de las cuales empresas y cooperativas de trabajo podrán acceder a créditos fiscales destinados a financiar programas de capacitación para el personal.
El programa –que para este año comprende un cupo total de 300 millones de pesos– permite que la inversión en capacitación pueda deducirse de impuestos nacionales por medio de un crédito fiscal (bono electrónico) aplicable a la cancelación de Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, IVA e Impuestos Internos (no comprende impuestos destinados a la Seguridad Social).
Las propuestas de capacitación que pueden presentarse comprenden cursos de formación profesional, evaluación para la certificación de competencias laborales, actividades vinculadas a la responsabilidad social empresaria, regularización de los sistemas de prevención de riesgos del trabajo y certificación de calidad de procesos y productos.
En lo que respecta al empleo de créditos fiscales para formar a trabajadores desocupados, las autoridades del Ministerio de Trabajo dispusieron que esa alternativa pueda ser utilizada “en temáticas relacionadas directamente con la estructura productiva” de cada provincia, las cuales tienen una marcada preponderancia hacia actividades agroindustriales. Por ejemplo: en la provincia de Buenos Aires esa posibilidad puede ser instrumentada por empresas de los sectores agrícolas, ganaderos, pesquero e industria alimentaria (el listado completo por provincia puede verse aquí).
El monto máximo financiable por empresa o cooperativa de trabajo es de un máximo de 750.000 pesos. Las micro, pequeñas y medianas empresas pueden financiar capacitaciones por hasta un monto equivalente al 8% de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones, con sus respectivas contribuciones patronales, abonados en los últimos doce meses previos a la presentación de la propuesta. Para las grandes compañías esa proporción es del ocho por mil (8‰). La convocatoria para este año vence el próximo 8 de noviembre.
El programa permite emplear parte de los recursos en la compra de indumentaria y equipamientos necesarios para realizar la capacitación (como cascos, guantes, mangas, protección ocular y calzado de seguridad en los cursos sobre prevención de riesgos en el trabajo).
La normativa vigente considera Pyme a la empresa agropecuaria que tenga una facturación de hasta 230 millones de pesos anuales calculados a partir del promedio de las ventas totales de los últimos tres ejercicios comerciales o años fiscales.
