De manera paulatina, la Mesa de Ganados y Carnes avanza en la transparencia de la cadena comercial bovina y uno de los puntos sensibles es la implementación del Remito Electrónico Cárnico (REC). El pasado 30 de mayo, la AFIP publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 4256, que establece al REC como “único documento válido para el traslado automotor dentro del territorio de la República Argentina de carnes y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovinas/bubalinas y porcinas”.
La normativa se implementará desde el 1° de septiembre, y esta decisión genera opiniones encontradas entre los protagonistas de la industria frigorífica bovina. Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carne ABC reiteró su postura favorable en relación al remito. “Pedimos su implementación en tiempo y forma, no puede ser que se opongan a las fechas de implementación”, destacó el directivo ante una consulta de delsector.com.
Ravettino estimó que la evasión en el sector comercial de la carne bovina asciende a 1.000 millones de dólares anuales, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y un gobierno nacional que busca recursos. “La única salida que tiene la cadena es reestructurarse”, señaló.
En otro orden, el directivo explicó que en conjunto con el ministerio de Agroindustria nacional se encuentran abocados a diseñar un proyecto de tipificación, que tiene un doble objetivo: premiar al ganadero que produce calidad y brindar al consumidor un producto de primera calidad. “En nuestro país se dificulta porque se comercializa media res y no cuartos, y no se pueden medir las cuestiones técnicas necesarias para su tipificación”, explicó.
Por el lado de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) dejaron en claro su postura contraria al uso del remito electrónico. Desde que AFIP hizo pública esta medida, el presidente de la entidad Miguel Schiariti entiende que la situación irregular de un elevado porcentaje de carnicerías hace inviable el uso del remito. “Es imposible la aplicación de un REC, cuando el 80% de las carnicerías del gran Buenos Aires no están registradas, no son contribuyentes y muchas de ellas ni siquiera cuentan con habilitación municipal”.
Para el reconocido analista ganadero Víctor Tonelli, el problema de fondo pasa en trabajar en adecuar la alícuota de Ingresos Brutos a términos razonables, que permitan al negocio cumplir sus obligaciones fiscales pero sin afectar sus márgenes rentables. De todas maneras, reconoció que la informalidad constituye un escollo insalvable a la hora de generar transparencia. “Una parte no menor del comercio minorista no está inscripta”, remarcó.
El especialista abordó un punto álgido, y agregó que “en el 99% de los casos, si se transparenta la facturación, excede el límite que les permite ser monotributistas”. En este punto, estimó que una carnicería que comercializa tres medias reses semanales, excede con creces estos montos. De acuerdo a AFIP, el tope de facturación más elevado para comercios es de 896.043 pesos anuales.
Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas FIFRA) puso números a la situación descripta por Tonelli., con un trabajo elaborado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
En un relevamiento efectuado en 13.000 carnicerías del gran Buenos Aires, en el caso de un comercio que vende 400 kilos de carne bovina, 100 kilos de pollo y 50 kilos de cerdo por semana, sin empleados y abonando Ingresos Brutos, el margen de ganancia libre de impuestos asciende a 16.100 pesos. “Si se corrigen las alícuotas para carnes, el REC se puede poner en vigencia el 1° de septiembre”, estimó.
