El Congreso Nacional dio esta semana un paso sólido en materia de renovar la legislación vigente. Las comisiones de Agricultura y Ganadería, Legislación General y Presupuesto y Hacienda aprobaron el proyecto para mejorar la actual ley de semillas.
Entre sus principales novedades, la normativa contempla el uso propio gratuito para pequeños productores, el control exclusivo e indelegable del Instituto Nacional de Semillas (INASE), pago único de todos los derechos de propiedad intelectual en la semilla, precio de regalías fijadas durante cinco campañas y la desgravación por el uso de semilla fiscalizada.
El proyecto contó con el apoyo del oficialismo, mientras que en esta instancia no acompañaron el Peronismo Federal, el Frente para la Victoria y el massismo. El punto clave de la presentación fue el tema del uso propio de la semilla: el proyecto apunta a proteger los derechos del obtentor y restringir el uso propio gratuito.
En relación a este último punto, el pago de regalías incluye el pago del canon del derecho del obtentor, el derecho de patente y el multiplicador. También se apunta a que se debe abonar por cada uso propio, propagación o multiplicación.
En la antesala de una nueva Ley de Semillas, las opiniones son encontradas. Desde Federación Agraria Argentina (FAA) sostienen que si bien “hay un avance positivo respecto de otros proyectos que años anteriores se han puesto en debate, aún falta espacio para el consenso”. En este sentido, reclaman que se “termine con las prácticas contractuales avasallantes de los derechos de los agricultores” y ratificaron “la posición de uso propio gratuito”.
La Fundación Barbechando relevó la opinión de los legisladores que abordaron este tema. De acuerdo a la entidad, el presidente de la comisión de Agricultura de Diputados, el radical Atilio Benedetti, sostuvo que el dictamen establece “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina: quedan exceptuados los pueblos originarios y los agricultores de la economía familiar, y aquellos que su nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Por su parte, el diputado Luis Basterra (FpV-PJ) apuntó contra las empresas de innovación genética: “Para el negocio de semillas hay una sola puerta de cobro, esto significa Bolsatech, varios cientos de millones para Monsanto Bayer, Syngenta y distintos espacios que están capturando una renta”.
Más allá de las disidencias, la producción granaria se encamina a concretar uno de sus mayores reclamos: una ley para legislar la actividad semillera, de la mano de una biotecnología que creció a pasos agigantados en los últimos 20 años, pero sin un marco legal que respalde ese avance. El proyecto podría tratarse en la sesión del próximo miércoles 21 de noviembre
