La media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe un proyecto que promueve un aumento de la presión tributaria a las empresas que integran la cadena de valor agropecuaria puso en estado de alerta al sector productivo.
Tal como contó LPO -la iniciativa que contó con el apoyo de legisladores del socialismo, el PJ y la izquierda- dispone subir la alícuota de Ingresos Brutos de 2% al 2,5% para el comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes.
El proyecto también incrementa del 0,25% a 1% en el caso de la comercialización de granos realizada por cuenta propia por acopiadores e impone un adicional del 300% del impuesto Inmobiliario para todas las propiedades con fines productivos.
Es decir, además de bancos e instituciones financieras que sufrirían un fuerte impacto, la suba del Inmobiliario involucra de manera directa a actividades de comercialización y acopio de productos agrícolas, de transformación de cereales y oleaginosas.
De esta manera, el gobernador Miguel Lifschitz prevé recaudar alrededor de $ 3.200 millones el año que viene, afrontar la quita de subsidios al transporte público previsto en el Presupuesto 2019 y evitar, por ejemplo, que el boleto de colectivo se dispare a $ 30.
En este contexto, en el sector agropecuario salieron con los tapones de punta a criticar el proyecto del Gobierno de Santa Fe y ya iniciaron gestiones políticas para intentar evitar que la Cámara de Senadores le de sanción definitiva en los próximos días.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y sus entidades adheridas vinculadas al campo emitieron un comunicado de prensa en el que aseguraron que «esta nueva carga tributaria recaerá sin dudas sobre las espaldas de los productores agropecuarios».
«Los productores sufrirán una caída de los precios que reciben, un incremento en el precio de compra de los insumos necesarios para la implantación de los cultivos y un aumento de los costos de acondicionamiento de los granos», sostuvo la BCR.
«Parece que la única forma que encuentran nuestros legisladores de equilibrar las caídas de recursos es mediante mayores cargas sobre los contribuyentes que producen, lo que podría terminar provocando una reducción de las cosechas», apuntó la entidad rosarina.
Una de las principales preocupaciones en el sector es que, en caso de prosperar la iniciativa en Santa Fe, otros gobernadores implementen un aumento de impuestos de similares características para suplir la baja de recursos provistos por la Nación.
«Esperamos que el gobernador Lifschitz frene este nuevo golpe al campo y a las Pymes provinciales que no soporta más impuestos», comentó Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
«Instamos a que se convoque a la Mesa de Análisis Tributario de la que participan todos los sectores representativos de la economía provincial. Todo esto afectará, en definitiva, el precio de los alimentos y a los propios consumidores», agregó Díaz Beltrán.
Al parecer, Lifschitz y Mónica Fein están preocupados porque, por la crisis económica, muchos estudiantes que viven en pueblos aledaños a Rosario dejaron de alquilar en la ciudad y deben afrontar el costo del transporte diario para asistir a las universidades.
