Argentina tiene un sueño: convertirse en el supermercado del mundo. Tiene los recursos biológicos e intelectuales necesarios para alcanzarlo. Pero para que se cumpla es necesario que se presenten tres condiciones: un diseño impositivo razonable, una matriz de integración comercial con los principales mercados del mundo y un sistema de garantía de calidad auditable.
El único componente de la tríada que está en ejecución en la actualidad es la construcción de un sistema de garantía de calidad de los alimentos producidos en la Argentina. Se trata de un proceso silencioso, llevado a cabo por un ejército de personas, cuya labor pasa desapercibida para la mayor parte del público al no disponer de la película completa que refleje los esfuerzos combinados de cada uno.
En los últimos meses comenzó la implementación del sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, el cual requiere una ingeniería burocrática complejísima porque cada provincia debe autorizar su propio plan (a propósito: los gobiernos de Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumánaún no empezaron a trabajar en el tema, ¡pónganse las pilas!)
El sistema, cuando esté plenamente operativo, además de permitir el reciclaje de un gran volumen de plásticos que hoy terminan en basurales, posibilitará tener datos del recorrido de todos los fitosanitarios que se comercializan en el territorio argentino.
La gestión de envases vacíos se complementará con una legislación nacional que establezca criterios mínimos para realizar aplicaciones de fitosanitarios, la cual se sustentará en el documento elaborado por el Grupo de Trabajo Interministerial de Buenas Prácticas Agrícolas y los aportes generados en la consulta pública del mismo.
El nuevo marco normativo es producto de una retroalimentación permanente –a través de canales tanto formales como espontáneos– entre funcionarios nacionales y provinciales con técnicos de más de cincuenta instituciones públicas y privadas que se reúnen regularmente en la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA).
También se nutrirá, seguramente, de las experiencias exitosas en la materia, tales como la implementada en la provincia de Córdoba, que cuenta con un programa de incentivos para adoptar BPA, recetas digitales y un registro en línea de aplicadores y asesores fitosanitarios, además de estaciones meteorológicas que permiten emitir alertas automáticas sobre condiciones ambientales adecuadas o no para realizar aplicaciones en las diferentes localidades productivas de la provincia.
Próximamente se implementará un Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico (DTVe) por medio del cual, además de permitir un mayor control fiscal del sector frutihortícola, generará un sistema de trazabilidad orientado a garantizar la inocuidad de frutas y verduras.
A partir del 1 de enero de 2020 todas las empresas argentinas productoras de frutas deberán contar con las BPA implementadas y acreditadas, mientras que un año más tarde será el turno de todos los productores hortícolas de todo el país (en algún momento esto también llegará para la agricultura extensiva).
Además del marco regulatorio, el cual, si bien es producto de decisiones políticas, surge a partir de intercambios realizados en grupos interdisciplinarios integrados por representantes de diferentes organizaciones, existen muchos esfuerzos que contribuyen a asegurar la adopción de buenas prácticas.
Algunos ejemplos son la “calculadora ambiental” (Ripest) desarrollada por investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), la capacitaciones sobre aplicaciones de agroquímicos realizadas por técnicos de INTA y cooperativas agrícolas, las tecnologías de aplicaciones selectivas de herbicidas (WeedSeeker, WEEDit y Milar), el diseño de una norma de Buenas Prácticas Agrícolas en el ámbito del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), los relevamientos realizados por el Área de Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la metodología IndicAgro desarrollada por la Bolsa de Cereales de Córdoba, los esfuerzos realizados por los técnicos de la Asociación de Semilleros Argentinos para preservar los eventos biotecnológicos dedicados a controlar plagas, los protocolos desarrollados por monitoreadores de cultivos y las aplicaciones digitales dedicadas a eficientizar recursos en los sistemas productivos (como Auravant, Kilimo y Unimap).
La variable que está faltando en este cambio de paradigma es la pedagógica. Las buenas prácticas agropecuarias deberían estar incorporadas a la currícula obligatoria de contenidos de las escuelas tanto primarias como secundarias, además de aquella información relativa a la importancia del sector agroindustrial en la economía argentina. Las facultades de ciencias agrarias también tienen mucho que incorporar al respecto. Muchos de los preconceptos erróneos sobre el sector agropecuario se originan en ámbitos educativos a partir de visiones ideologizadas de las docentes e incluso a veces de los propios textos escolares.
En ese marco, esta semana casi un centenar de periodistas agropecuarios solicitamos al Estado nacional que publique los datos de uso de fitosanitarios, porque entendemos que el acceso a los mismos, además de permitir generar información más precisa al respecto, constituye una señal a favor del agro en el sentido de que no existe razón alguna para no evidenciarlos.
Las tecnologías de control de malezas, plagas y enfermedades son parte del proceso productivo que genera los recursos necesarios para que la economía argentina sea viable al proporcionar divisas a sectores públicos y privados que necesitan de ellas para poder desarrollarse.
Si en el término de la próxima década la Argentina logra abrir su economía para insertarse comercialmente en el mundo y reducir la brutal carga tributaria que las empresas agroindustriales deben afrontar en la actualidad, entonces podrán aprovecharse las garantías provistas por el sistema de aseguramiento de calidad que se está construyendo en la actualidad.
Los futuros afortunados de ese escenario deseable podrán mirar hacia atrás para agradecer a todos los que hoy están trabajando para instrumentar un sistema agroalimentario sostenible –fundado en la responsabilidad, trazabilidad y transparencia– sin el cual sería imposible transformarse en el supermercado del mundo. Esperemos que así sea.
Ezequiel Tambornini
