Con duras acusaciones contra las petroleras y serias críticas a los funcionarios nacionales, desde las empresas elaboradoras de biocombustibles demandan la urgente actualización del precio de su producción -congelados desde diciembre- para evitar una quiebra masiva.
“Hace tres o cuatro años que el gobierno viene vapuleando al sector nuestro, con mucho lobby de las petroleras en nuestra contra” le dijo a Radio EME Leandro Luqui, de la firma Doble L que elabora biodiesel en Sa Pereira, departamento Las Colonias. La empresa es parte de CEPREB, la cámara que agrupa a las pymes del sector, que recientemente hizo pública una carta al presidente Alberto Fernández para pedir por las 30 integrantes que hoy están paradas y al borde de cerrar.
En el espectro de empresas elaboradoras de biocombustibles las grandes se orientan a la exportación y las pymes a proveer empresas petroleras para el corte obligatorio de los combustibles fósiles, como determina la ley. El precio del producto lo fija el Estado y desde el sector denuncian que la última actualización se hizo en diciembre. Para las pymes que elaboran biodiesel el problema es mayúsculo, ya que el aceite de soja -que utilizan como materia prima y cotiza en dólares- subió 25% desde entonces al mismo tiempo que se depreció constantemente el peso.
“Es un mercado 100% regulado por el Estado, no hay libre comercio”, explicó Luqui, quien agregó que el congelamiento en pesos desde diciembre “nos dejó fuera del mercado”. Además recordó que por ley las petroleras están obligadas a cortar el gasoil con 10% de biodiesel y las naftas con el 12% de bioetanol. Sin embargo denunció: “no se está cumpliendo la ley porque las petroleras no lo están cortando”.
Si la situación no se modifica, el empresario adelantó: “lo que va a pasar es que a todas las pymes nos obligarán a ir a la quiebra”. Y reflexionó sobre la contradicción que implicaría para un gobierno que enarbola banderas nacionalistas. “Es muy controversial que un gobierno peronista lo único que está haciendo es que los únicos que van a quedar son las grandes empresas multinacionales, que van formando un oligopolio en el puerto de Rosario, con cuatro o cinco firmas que son las dueñas del aceite y del biodiesel”, disparó.
A pesar de la desesperación que vienen manifestando desde hace meses, Luqui indicó que en el gobierno nacional sólo los atendieron funcionarios de “segunda y tercera línea”, lo que motivó el “reclamo masivo” que se plasmó en una carta abierta el presidente Alberto Fernández, difundida como solicitada en medios de todo el país. En la misma le advirtieron: “sin su ayuda todas las pymes del interior del país productoras de biodiesel, desaparecerán”. Por ello le demandaron “su inmediata intervención para que se respete la ley y se cumpla con la urgente publicación del precio”.
Ante la posibilidad de que la actualización se dilate para colaborar al “congelamiento” de las naftas, una de las medidas del gobierno para contener la inflación, el empresario consideró que el sector no está en condiciones de subsidiar a la población. “Yo entiendo que a lo mejor YPF pueda subsidiar el combustible, pero nosotros no podemos hacer eso; nuestro producto que compramos (el aceite de soja, la materia prima) se rige a precio internacional entonces una pyme no puede subsidiar el combustible de la Argentina”. Y agregó: “uno hizo el esfuerzo, absorbimos (el incremento del costo de producción) durante mucho tiempo pero ya estamos en una situación límite en la cual prolongar la agonía es ir a una quiebra”.
Además Luqui aclaró que el sector no está solicitando ninguna medida extraordinaria ni apoyo económico al gobierno, sino pautas que les permitan trabajar. “No estamos pidiendo que nos subsidien, estamos pidiendo que nos pongan una regla de juego que se pueda cumplir, sea previsibles y se pueda trabar; es lo único que pedimos”.
Otra preocupación para las elaboradoras es el próximo vencimiento de la Ley 26.093 que promociona la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles en Argentina. En mayo próximo se cumplirán los 15 años estipulados en la norma y desde el sector también piden una definición al respecto. Si bien bastaría sólo un decreto presidencial para prorrogarla hasta 2024, varios empresarios consideran que sería más sólido si se estableciera una nueva ley. De esta manera, argumentan, podrían pulirse vacíos reglamentarios que durante este tiempo derivaron en judicialización de conflictos; daría un horizonte más claro a nuevas inversiones en el sector; propiciaría que las nuevas tecnología sean contempladas en el marco regulatorio; y favorecería una mayor participación de las provincias para una promoción federal de la actividad, entre otros aspectos.
Fuente: Campo Litoral
