Pese a que es la actividad que genera casi el 60% de las divisas por exportaciones de bienes y tiene una expansión territorial en todo el país, los temas agropecuarios no mueven la aguja del Congreso. Como se informa en la página 4 de esta edición, el número de proyectos de ley vinculados con la actividad que lograron tratarse o aprobarse es más que reducido.
Pese a que en los próximos días se hablará del «voto del campo», en referencia al comportamiento de los electores de los distritos ubicados fuera de los grandes centros urbanos, las preocupaciones de la actividad agropecuaria no están en el centro de la actividad parlamentaria. Algunos creen que es mejor que sea así, que cuanto menor sea la intervención de la política en la producción se trabajará más tranquilo. La experiencia de las regulaciones y la voracidad del Estado por captar recursos del sector privado a cualquier costo parecen darles la razón a quienes tienen esa visión. Sin embargo, la experiencia de otros países con producciones similares a la Argentina demuestra que es posible expandir el radio de acción del campo al Poder Legislativo. El congreso brasileño cuenta con una «bancada ruralista» integrada por legisladores de diferentes partidos políticos que defienden los intereses de la producción agropecuaria. En Estados Unidos, por ejemplo, los legisladores del Medio Oeste tienen en claro dónde y cómo actuar. Son decisivos para sostener las políticas de apoyo al etanol y al biodiésel, entre otros rubros.
Aquí, salvo algunos legisladores que defienden sus economías regionales como los de Cuyo con la vitivinicultura, es extraño encontrar algún diputado o senador que impulse mejoras para las producciones locales. Y cuando lo hacen deben esforzarse para hacerse notar.
El origen de ese desapego quizás habría que buscarlo en la endeblez de las entidades del sector que reaccionan en la emergencia, pero tienen dificultades para conseguir consensos mínimos cuando del otro lado no hay un oponente claro. Se vio en 2009 luego del ingreso de los ya olvidados «agrodiputados» que los partidos políticos incorporaron tras el conflicto por la 125. La articulación falló.
Uno de los riesgos que se enfrenta cuando no hay vinculación con la política es que en el Congreso avancen las iniciativas que limitan la producción, impulsadas por sectores que deliberadamente se oponen al desarrollo agropecuario. Temas como el medio ambiente o la propiedad de la tierra se prestan a la tergiversación sin datos certeros. Antes de la promulgación de la ley que limitaba la venta de tierras se decía que el 20% del territorio productivo estaba en manos de extranjeros. Tras el relevamiento que se ordenó una vez aprobada la norma se comprobó que ese porcentaje ni siquiera llegaba al tope impuesto por la ley. Nada hace pensar que un despropósito semejante vuelva a ocurrir en el futuro o que cuando se debatan las modificaciones a la norma no se agiten viejos argumentos.
Existen otros motivos de índole política para que el Congreso no haya tenido actividad con temas agropecuarios. Al no contar con mayoría parlamentaria propia, el Gobierno debe negociar con la oposición los proyectos que quiere impulsar. Quizás eso cambie cuando haya consensos básicos que permitan llevar adelante las normas que necesita la producción.
Cifras
Más allá de las cuestiones políticas esta semana se conocieron números sobre el resultado económico de la cosecha 2016/17. Según un estudio del Instituto Argentino de Finanzas (Iaraf), el valor bruto de la producción (VBP) se redujo un 2,3% en el actual ciclo respecto de la campaña 2015/16. Tomando un valor promedio FOB de los principales meses de comercialización, el VBP fue 828 millones de dólares menos que la cosecha anterior. La peor performance la tuvo la soja, con una caída de 13% respecto de la campaña 2015/16. En cambio, el trigo y el maíz tuvieron crecimientos de 52 y11 por ciento, respectivamente.
Los precios de los granos, según el trabajo, tuvieron una baja de 6,5% para el trigo; 10,2% para el maíz y 7,1% para la soja al comparar año contra año. Este escenario de precios obligará a mejorar la competitividad en cada variable de la campaña agrícola 2017/18. La reforma tributaria que estudia el Gobierno puede ser un punto de partida.
