La relación entre el sector y el Gobierno se volvió a tensar tras la creación de un nuevo sistema de registros para las ventas al exterior. Hay preocupación por el avance de retenciones. Cómo será la medida.
Dentro de la multiplicidad de instrumentos que aplica el Gobierno para combatir la suba generalizada de los precios, este fin de semana el Ministerio de Agricultura de la Nación oficializó el procedimiento para instrumentar los nuevos registros para exportar carne que se denominan Declaraciones Juradas de Exportación de Carne (DJEC) y se habían anunciado en abril. Preocupados por el aumento de intervención, la Mesa de Enlace define la modalidad de su próxima medida de fuerza.
La disposición 59 publicada en el Boletín Oficial de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario estableció los pasos que tendrán que cumplir los exportadores de carne para poder concretar un embarque.
El proceso de autorización tardará como mínimo tres días hábiles y la Secretaría de Comercio Interior tendrá permiso para solicitar información durante el proceso.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo de este nuevo registro es combatir la subfacturación y el cumplimiento del acuerdo con frigoríficos que ofrece 11 cortes de carne a precios económicos en supermercados. De todos modos, el quid de la cuestión es frenar las subas del precio de la carne que aumentaron un 65,3% en relación a abril de 2020, según el IPCVA.
Por eso, el presidente Alberto Fernández en su última aparición pública en Argentina dijo: «celebro que los precios internacionales de los commodities crezcan, pero lo que no celebro es que los argentinos paguemos los alimentos como los pagan los que requieren nuestros alimentos«.
Para el sector cárnico es una medida similar al Registro de Operaciones de Exportación (ROE) que reguló las ventas de carne al exterior durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
«Esta nueva medida está maquillada, le querrán dar otro nombre, pero la verdad es que la autorización de quiénes exportan está en manos del Estado, entonces ¿Cuál es la diferencia con los ROE?», apuntó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
«La implementación de esta disposición podrá generar una reacción en los mercados, es decir, si se aplica como se hizo en su momento con los ROE seguramente provoque caída de exportaciones y, además, la reacción del sector agropecuario en conjunto. Esta serie de amenazas contra el sector productor de carne se puede convertir en una 125 (referencia del paro agropecuario de 2008)», opinó Miguel Schiariti, presidente de la cámara de la industria y comercio de carnes.
El nuevo registro para exportar no es lo único que genera ruido en el agro. Según pudo saber El Cronista, el sector tuvo la última reunión con el Gobierno el jueves 29 de abril en la que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, les había adelantado que la cartera trabajaba en un proyecto para incentivar la producción.
Sin embargo, un día después la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, advirtió que analiza una suba de retenciones para la carne, para desacoplar los precios internacionales de los domésticos.
Por estos cortocircuitos de comunicación, Chemes aclaró: «En estos términos es imposible poder dialogar» y adelantó: «No nos gusta la metodología de las medidas de fuerza, pero los productores nos piden que visibilicemos de manera urgente las continuas amenazas y por la situación que pasa el campo».
Dado el complejo contexto de pandemia, las entidades que conforman la Mesa de Enlace: Coninagro, la Sociedad Rural, la Federación Agraria y CRA, mantienen reuniones para definir si las medidas serán con una modalidad presencial o virtual.
FUENTE: CRONISTA – por Lara López Calvo –