Así como un día después de las elecciones legislativas el gobierno nacional, con la presencia del presidente Mauricio Macri, decidió convocar y reunir a la Mesa de la Carne (que representan cerca de una treintena de entidades rurales); con el objetivo de comenzar a definir una reducción de impuestos y afianzar la lucha contra la informalidad, ayer le tocó el turno a la cadena láctea.
En este caso, según afirmaron fuentes de la industria a El Cronista, si bien ya hay consensuado un nuevo convenio colectivo de trabajo, que se firmaría la semana que viene entre el Gobierno, la industria láctea y el gremio de los trabajadores del sector (Atilra), todavía no hay consenso total en la definición de las prioridades a tener en cuenta para incrementar la competitividad. Esas definiciones serán priorizadas a partir de las próximas reuniones. Sí, en cambio hay coincidencia entre las partes, según expresaron, en temas claves como la necesidad de bajar la carga impositiva, la marginalidad o el comercio poco transparente. “Son temas importantes como que el costo laboral sigue frenando mucho a la cadena productiva”, afirmó Miguel Paulón, Presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), entidad que agrupa a las grandes industrias.
También remarcó que a nivel de infraestructura y de camino rurales, la necesidad es alta y que será otro de los objetivos para mejorar la situación de las cuencas lecheras. El directivo comentó que con la probable firma del nuevo convenio colectivo la semana que viene, se “estarían dando los pasos lógicos que se establecieron para que el Gobierno termine de girar los fondos a la cooperativa SanCor”.
Cabe recordar que el Gobierno se comprometió a ayudar a la cooperativa con aportes por $ 450 millones, para lo cual exigió un fuerte reestructuración de la compañía, que enfrenta pasivos financieros y deudas que llevaron a la parálisis de varias de sus plantas. Tras un acuerdo logrado en mayo pasado, entre el gremio Atilra y las industrias, en el que se decidió bajar el aporte permanente por empleado que alcanzaba $ 3300 a $ 1500 para las empresas grandes y $ 750 para las pymes, el Gobierno giró parte de esos fondos ($ 200 millones), por lo que todavía restan completar los otros $ 250 millones.
Según Paulón, más que un nuevo convenio se avanzará en la base del convenio actual pero se incluirán “adendas modernizadoras” que estarán relacionadas principalmente con la baja de costos laborales de las horas trabajadas durante los fines de semana y feriados. También destacó que en la reunión no se discutió sobre una posible modificación de lo acordado en mayo sobre el aporte permanente, algo que se mantendrá vigente y que se terminará definiendo en la próxima discusión paritaria.
El contexto en que se discute el nuevo convenio se da en uno de los peores ciclos históricos de la cadena láctea, tras el nivel productivo alcanzado el año pasado, cuando se produjeron 9711 millones de litros, una caída de 14,17% en comparación con 2015, y siendo la peor marca desde 2007.
Aunque desde el Ministerio de Agroindustria estiman que la producción este año crecería un 2%, no alcanzará para recuperar buena parte de lo perdido, incluido una centena de tambos, también afectados por las inundaciones (según los datos del Observatorio de la Cadena Láctea -OCLA- en 2016 se cerraron 460 tambos, duplicando la tasa promedio de cierre de los últimos años). Por su parte, la categoría de las exportaciones también evidenció una brusca caída en los últimos meses, con un desplome del 30% entre enero y agosto de este año.
