La Oficina Anticorrupción consideró que el bono cobrado por el ministro por parte de la SRA “no resultó acorde con la ley de ética pública”.
La oficina encabezada por Laura Alonso emitió un informe que considera que la “percepción de la retribución excepcional” de 500 mil pesos por parte del ministro “no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública”.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) le había regalado al flamante ministro medio millón de pesos a su salida del cargo ejecutivo que ocupaba en la entidad, al que renunció para asumir como funcionario público.
El artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública habla de la “prudencia” que debe tener un funcionario público y el deber de actuar “con las materias sometidas a su consideración con la misma diligencia que un buen administrador emplearía para con sus propios bienes”.
Por otro lado, el artículo 18 de la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 establece que “los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
El informe reza: “La retribución extraordinaria en favor de Etchevehere aconteció con motivo de su desvinculación de la Sociedad Rural Argentina y ésta se produjo en razón de haber sido convocado para desempeñarse como Ministro de Agroindustria”, lo que confirma que fue brindado en ocasión del desempeño de sus funciones.
El bono de la SRA fue obsequiado al flamante ministro posteriormente al anuncio de su incorporación como titular de la cartera agroindustrial. Si bien, debido a la polémica generada alrededor del tema, Etchevehere devolvió el dinero, el informe de la Oficina Anticorrupción (OA) insiste en el “deber de prudencia” que deben seguir los funcionarios.
El ministro realizó su descargo luego del informe: “Fue en el marco de tal renuncia que -en el contexto de una votación de sus miembros- resolvió liquidar los honorarios correspondientes a mi gestión al frente de ella, evitando así cualquier conflicto de intereses que pudiera suscitarse al momento de asumir como ministro”. Al respecto, la SRA aseguró que el pago resultó de “los servicios prestados y su excepcional desempeño como presidente”.
Luego de un nuevo pedido de informes de la OA, ésta determinó que el bono no se trataba de una “práctica habitual” en la entidad –como habían sugerido sus representantes- y que “resulta confusa la causa de la citada ‘retribución excepcional’”. Por otro lado, Alonso solicitó un informe sobre lo que se había hablado en la reunión de miembros respecto del pago del bono, a lo que la SRA le respondió que la misma no había sido transcripta.
Al parecer, Etchevehere justifica el hecho en un “malentendido” que se dio en una conversación telefónica entre ambos funcionarios, en la que Alonso le comunicó a Etchevehere que no estaba prohibida la percepción de honorarios pendientes, siempre que éstos hubieran sido devengados previamente a la asunción del cargo.
Sin embargo, la funcionaria ratificó que “en ningún momento la Oficina autorizó la percepción de una retribución extraordinaria” y que el funcionario realizó “una particular y distorsionada interpretación del concepto de honorario devengado y de la opinión de la Oficina”.
Por último, Laura Alonso indicó que el ministro no debe intervenir “en ejercicio de la gestión pública en cuestiones relacionadas con la Sociedad Rural”.
Finalmente, la Oficina Anticorrupción aceptó, a la devolución del bono, “archivar el caso”, y lo remitió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, en el que el juez Marcelo Martínez de Giorgi imputó al mandatario.
