A pesar del pataleo de algunas entidades, se viene la identificación individual de los bovinos
El texto de la Resolución 965/2024, publicada este viernes por el Senasa en el Boletín Oficial, deja poco margen para dudas: En un país donde el gobierno postula que el Estado no debe imponer demasiadas cosas a los privados, es casi una decisión tomada avanzar en la obligatoriedad de utilizar caravanas electrónicas para la identificación individual de los bovinos.
De hecho, esta nueva norma define las características técnicas que deben tener esas caravanas electrónicas y por lo tanto prepara el terreno a una nueva resolución, cuyo borrador ya circula entre los sectores ganaderos, y que terminará imponiendo a todos los ganaderos del país, en especial los criadores, la aplicación de estas nuevas caravanas con chip a los terneros que nazcan a partir del 1 de enero de 2025.
Se espera caravanear con el nuevo dispositivo unos 14 millones de terneros por año, para completar la trazabilidad individual del rodeo bovino en tres o cuatro años.
La discusión, en todo caso, pasa por ver quién pagará el operativo. Y eso es una discusión política que ya escapa de las autoridades sanitarias sino que responde a una decisión más política que deben tomar el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el secretario coordinador Juan Pazo, quienes estudian la posibilidad de convocar a una licitación para comprar desde el propio Estado las caravanas y distribuirlas gratuitamente luego a los ganaderos.
No se sabe todavía el alcance de la ayuda oficial. Una versión habla de la compra de todo el stock de caravanas necesario para la primera aplicación: unos 18 millones de dólares si se consiguen a un módico precio de 1,2 dólares por dispositivo. Otra versión indica que el gobierno solo cubrirá el costo de los ganaderos más pequeños, y que para eso ya pidió el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), que administra fondos de los propios productores y los frigoríficos, cerca de 1 millón de dólares.
Como sea, todos los caminos conducen a Roma: la imposición de un nuevo sistema de identificación. La picardía es que a principios del milenio la Argentina ya enfrentó esta discusión y a diferencia de Uruguay -que optó por la trazabilidad individual- implementó un sistema de identificación de los bovinos por lotes, suficiente como para no correr riesgos y cubrir las exigencias de los mercado de exportación.
Hasta ahora el gobierno de Javier Milei no expuso con claridad cuáles serían los beneficios de avanzar en el nuevo sistema de identificación individual, impulsado tanto en la gestión del ex secretario Fernando Vilella, como ahora por su sucesor Iraeta. En cambio, entidades ganaderas como CRA sí expusieron sus reparos, considerando que este avance tecnológico debía ser optativo y no obligatorio para los productores.
“La correcta identificación animal es un componente fundamental para la trazabilidad, el control sanitario y la erradicación de enfermedades animales, lo cual contribuye a la eficiencia de las campañas sanitarias y a la transparencia en el comercio de productos de origen animal”, define ahora el Senasa -veinte años después- que va preparando el terreno para imponer esta nueva exigencia a los productores.
En la resolución publicada este viernes lo que hizo en concreto es reemplazar el artículo 18 de la Resolución 1698/2019, que definía que las caravanas electrónicas debían contar con la aprobación de diferentes organismos certificadores. Curiosamente, entonces se establecía que los fabricantes podían contar con el aval del INTI, que ahora se excluyó en la nueva normativa. Ahora bastará para ofrecer las caravanas (que son todas importadas) un certificado emitido por el ICAR, es decir el International Committee for Animal Recording.
“El establecimiento de los protocolos del ICAR como único sistema de certificación de calidad para dispositivos de identificación animal, permitirá la armonización con las mejores prácticas internacionales, facilitando el acceso a mercados externos y el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad exigidos por organismos internacionales”, explica la norma.
Aquella resolución de 2019 que también habilitaba al INTI había sido al menos curiosa, pues el Senasa en tiempos de Mauricio Macri la publicó contrarreloj, el 9 de diciembre, apenas unas horas antes de dejar el gobierno a manos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. De todos modos, ese nuevo gobierno congeló durante cuatro años este proceso, que vuelve a cobrar bríos con la gestión de Milei.
“Todos los proveedores de dispositivos que a la fecha se encuentren certificados a través del INTI tienen un plazo de 2 años para adecuarse a lo establecido en la presente resolución”, aclaró Senasa como para despejar sospechas.
Además la nueva resolución reemplaza otro artículo de 2019, definiendo que las empresas interesadas en ser proveedoras de los “Dispositivos Oficiales de Identificación Animal” deben cumplir con una serie de requisitos, como completar una declaración jurada, detallando el carácter en el cual se inscriben (fabricante, importador, impresor o mayorista) y su domicilio electrónico, así como adjuntar los certificados emitidos por el mencionado ICAR.
Con estas aclaraciones, ahora sí queda allanado el terreno para que el Estado avance en la imposición de este nuevo sistema de identificación para los bovinos, que implicará un gasto de cerca de 80 millones de dólares en los próximos cuatro o cinco años, más el costo en que incurran los ganaderos que quieran comprar el bastón lector de las caravanas electrónicas, que tiene un valor de entre 300 y 1.000 dólares, según sea su calidad y origen.
La nueva resolución que establecerá que la nueva caravana será obligatoria ya está redactada y fechada el 1 de agosto pasado, aunque las autoridades de Agricultura aclaran que se trata solamente de un borrador. Allí de define que “todos los terneros machos y hembras nacidos en el Territorio Nacional deben ser identificados de conformidad con lo establecido en la presente resolución. Los dispositivos deben permanecer en el animal durante toda su vida, independientemente de su destino”.
Y se define que “a partir del 1º de enero de 2025 ningún ternero o ternera se podrá movilizar sin la identificación electrónica”, que la aplicación “será responsabilidad del productor” y que “al 31 de diciembre del 2027 todas las categorías de bovinos, bubalinos y cérvidos deberán encontrarse identificadas”.
FUENTE: Bichos de Campo
Deja una respuesta