Porqué la Unión Europea busca imponer sus reglas para importar carne y otros alimentos colocando en pie de igualdad a productores propios y foráneos. En qué está la Argentina, con una gestión pendular y sin políticas de estado integrales. Las iniciativas privadas. Por Ernesto Viglizzo.
El problema de las normas internacionales sobre producción y comercio de carne vacuna se complejiza más a través de los años. Tenemos que separarlo en dos grandes capítulos: por un lado, qué regulaciones y restricciones se van imponiendo a nivel mundial; por el otro, qué estamos haciendo en la Argentina para hacer frente a ese nuevo universo de normas, estándares y barreras comerciales.
Motivada por el imperativo de liderar una transición global hacia sistemas agro-alimentarios más saludables y ambientalmente sustentables, la UE ha elaborado un programa estratégico de gran alcance denominado Pacto Verde Europeo. Uno de sus apartados, “De la granja al tenedor”, nos puede afectar directamente.
No podemos ignorar que las decisiones políticas que toma el bloque europeo tienen una influencia mayor sobre países de gran envergadura económica y grandes demandantes de carnes, lácteos y otros productos agropecuarios. Esa influencia creciente indica que sus iniciativas tienden a marcar agenda y globalizarse.
Mediante medidas legislativas y de otro tipo, buscan regular las futuras relaciones entre el sector agro-alimentario, las políticas ambientales y el comercio internacional. Si bien establecen un capítulo muy potente en materia de regulaciones y estándares a aplicar dentro de sus propias fronteras, genera un corpus de cláusulas-espejo que intenta también aplicar en terceros países que comercian o se relacionan con ella. No es un asunto menor para las naciones en desarrollo, como la Argentina, que exportan alimentos.
La estrategia espejo
Para neutralizar las críticas de países que históricamente acusaron a la UE de imponer barreras comerciales y prácticas proteccionistas, el bloque reaccionó con un conjunto de regulaciones internas que luego, a través de cláusulas espejo, exige a terceros países.
Argumentan que las mismas colocan en pie de igualdad a los productores europeos y a los externos. Y puntualizan además que esas regulaciones, ayudarán a los países exportadores a mejorar sus propias políticas ambientales y la salud de sus consumidores.
En general, los exportadores reaccionan de manera diferente. Algunos muestran predisposición a adaptarse a la normativa europea. Otros señalan que las mismas incrementan significativamente sus costos y afectan su competitividad (por ejemplo, ante la necesidad de certificar sus procesos productivos). También están los que responden que tienen sus propias normas de gestión de la salud y el ambiente. Ciertos importantes exportadores invitan a las autoridades del bloque a tratar de manera independiente caso por caso.
En este punto, es conveniente señalar que, para lograr apoyo interno, una de las principales estrategias de la UE es cambiar la cultura alimentaria de su propia población. Esencialmente sus políticas apuntan a desestimular el consumo de productos de origen animal (carnes y lácteos) a favor de alimentos de origen vegetal. El sector académico y científico, y el lobby de ambientalistas y veganos han tenido mucha influencia en esto.
Las principales amenazas
Las normas que pueden afectar las exportaciones de carne bovina son varias, quizás la más importante sea la denominada Diligencia Debida, que limita la importación de productos como carne y soja, aunque también café, cacao y madera, que provengan de áreas de bosques nativos que han sido deforestados a partir del año 2021
Otras cláusulas de restricción incluyen la prohibición de carne de animales tratados con antibióticos como promotores de crecimiento, el rechazo de mercaderías que contienen residuos de plaguicidas prohibidos en la UE, la garantía de prácticas de bienestar animal, la imposición de etiquetados que garanticen salubridad y respeto al ambiente y a los animales, así como el ajuste de carbono en frontera.
Esta última, impone un gravamen para todos aquellos productos que llegan a la UE con una carga de carbono que supera los estándares exigidos. Esta restricción no tiene todavía una aplicación taxativa sobre la carne vacuna, ya que las emisiones de metano y óxido nitroso de los rumiantes son biogénicas (es decir, naturales) y no provenientes de la quema de combustibles fósiles. No obstante, integran la cadena de carne sectores que utilizan esos combustibles fósiles, como el transporte, los frigoríficos, el flete transoceánico y la distribución en supermercados. Seguramente en el futuro este ítem contendrá mayores precisiones.
La respuesta de la Argentina
Aquí entramos en un terreno más ambiguo y caótico. Tengamos en cuenta que vivimos en un país que viaja a través de la historia dando bandazos. Es un país pendular. Lo que inicia un gobierno, es desechado por el siguiente, y este esquema se repite a través de las administraciones.
No existe en el sector público una política de estado consistente como para aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas que emergen del contexto internacional.
Pocas veces se coordinan acciones entre organismos del Estado como INTA, INTI, CONICET, Universidades, SENASA, Medio Ambiente, Cancillería. Hay encuentros, pero no se traducen en políticas de estado integrales y estables.
En el sector empresarial hay varias iniciativas institucionales valiosas que apuntan a articular esfuerzos públicos y privados. Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) apunta en esa dirección. La integran AACREA, AAPRESID, ArgenBio, ASAGIR, ASA, Bolsa de Cereales, CARBIO, CIARA-CEC, CIAFA, CASAFE, IPCVA, SRA, CONINAGRO, CRA, CPIA, Facultad de Agronomía de la UBA, Fertilizar, IRAM, INTA, Secretaría de Agricultura, SENASA y otros.
De cualquier manera, estos esfuerzos no alcanzan para afirmar que tenemos una política de estado bien definida en materia productiva, ambiental y comercial.
Creo que Uruguay nos marca un camino que deberíamos imitar, en el cual se produzca una interfaz virtuosa entre la ciencia, el sector privado y el sector público, y que va más allá de las ideologías y los protagonismos institucionales o sectoriales.
Cualquiera sea la administración que nos gobierne, una estrategia inteligente sería aprovechar la capacidad de convocatoria de estructuras existentes como la Red de BPA. A partir de esa interacción sería posible generar en poco tiempo lineamientos permanentes de políticas que exploten las oportunidades que ofrecen los sistemas ganaderos argentinos.
Por ejemplo, detectar aquellos modelos que generan huellas y balances ambientales positivos (de carbono, agua, nutrientes, biodiversidad) en tierras libres de deforestación, y promover una trazabilidad certificable de sus carnes desde el campo hasta la góndola, recurriendo inclusive a herramientas de verificación de mercados como el mecanismo de blockchain.
Otro tanto puede promoverse respecto a salud y bienestar animal, ya que tenemos la ventaja de contar con sistemas pastoriles extensivos que favorecen ambos atributos. Desde el gobierno nacional y los provinciales se pueden impulsar estas estrategias integradoras.
Mientras tanto, hay dos iniciativas privadas que marcan tendencia en esa línea de trabajo, promovidas por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y otras organizaciones asociadas. Una es el Programa de Garantías de Libre Deforestación de Soja y Subproductos, que toma como referencia el Gran Chaco Sudamericano, que es la segunda área forestal de Sudamérica después de la selva del Amazonas. La otra, es el Programa Argentino de Carbono Neutro.
Ambas experiencias pueden ser capitalizadas por la cadena cárnica argentina para diferenciarse en los mercados exigentes.
Por Ing. Agr. Ernesto Viglizzo, para Valor Carne
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