El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ratificó en forma definitiva su decisión de aplicar aranceles de hasta 72% a los envíos de biodiésel desde la Argentina, que sólo en 2016 representaron para el país u$s 1138 millones, con un crecimiento del 196% interanual, y que motivó el avance del lobby agrícola norteamericano.
En una primera causa, el área que comanda Wilbur Ross, secretario de Comercio del presidente Donald Trump, determinó que la Argentina está otorgando «subsidios injustos a sus productores de biodiésel». Con la decisión adoptada, Ross instruirá a la oficina de Aduanas y Fronteras a cobrar depósitos en efectivo a los productores que intenten ingresar este derivado del aceite de soja proveniente de la Argentina.
Anticipando el resultado desfavorable, el Gobierno reiteró que no subsidia en forma alguna la producción o exportación de biodiésel, y aseguró que los derechos de exportación aplicados al poroto de soja «no constituyen un subsidio en términos de las normas de comercio internacional».
En Cancillería, donde se monitorea palmo a palmo el tema, indicaron que el Gobierno no activará los mecanismos de solución de controversias de la OMC, ubicados en Ginebra, hasta tanto la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (Usitc, por sus siglas en inglés) no acabe de pronunciarse sobre una segunda denuncia contra el país por la presunta comisión de dumping presentada bajo el argumento que la entrada del biodiésel nacional provoca un perjuicio para la industria norteamericana. «Los indicadores de dicha industria son positivos y, lejos de demostrar perjuicio alguno causado por las importaciones argentinas, evidencian una actividad muy rentable», observaron en el ministerio.
De no haber un resultado favorable, el Gobierno avisó en forma oficial que acudirá a la OMC. Pero, con todo, el litigio podría empezar recién en diciembre o enero, cuando se expida la Usitc. Eso daría lugar a una serie de acciones que, hasta su resolución final, podría demandar años.
Los productores norteamericanos agrupados en el National Biodiesel Board (NBB) celebraron la resolución y consideraron que, de este modo, «se ha resuelto un particular obstáculo al continuo crecimiento de la industria doméstica».
En tanto, las compañías argentinas perjudicadas, representadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), rechazaron categóricamente la determinación final y observaron que se trata de «una decisión desmesurada concluida sin sustento técnico ni comercial».
Por su parte, el ministro consejero de la embajada de los Estados Unidos en el país, Thomas Cooney, justificó la medida de su gobierno. «El hecho es que las exportaciones de biodiésel a los Estados Unidos aumentaron casi 900% en sólo dos años. No sorprende que un aumento así haya motivado una demanda de los productores, que sintieron que el mercado había cambiado de manera injusta». De todos modos, el embajador interino opinó que la relación bilateral no se verá afectada.
Fuente: Diario El Cronista Comercial
