La semana pasada, en un acto de fuerte contenido político, tres ministros nacionales explicaron en conferencia de prensa una serie de medidas sobre precios y consumo, tarifas de servicios públicos, beneficios sociales y apoyo para las pymes. Las mismas, apuntan a intentar moderar la todavía muy alta inflación y darle menor incertidumbre al mercado cambiario.
Vamos a centrar este análisis en los impactos de estas iniciativas sobre el sector de la carne, ya que sus consecuencias políticas sobre la población exceden a nuestras capacidades y al propósito de esta página.
Además, si bien no estuvo entre estos anuncios, al haber sido difundido en forma simultánea y compartir objetivos, incluimos la decisión de congelar hasta fin de año el tope superior de la banda cambiaria negociada con el FMI. El mismo se ubica hasta ahora en $ 51,45, 23% por encima del tipo de cambio mayorista cerrado el miércoles, último día hábil de la semana pasada (y sólo 17% arriba del pico nominal alcanzado el segundo lunes de abril).
Ese porcentaje es similar a la inflación esperada para el resto del año, con lo que se restablece el ancla cambiaria, al menos en términos reales, para contener el aumento de precios, lo que siempre ha terminado de mala manera.
Acuerdo con frigoríficos
También se anunció un convenio con los frigoríficos exportadores para que exista una oferta de asados, matambre y vacío a $149 por kilo, a razón de 120 mil t semanales, de las que la mitad se venderán a través del Mercado Central y el resto en los puntos de venta de esas empresas.
Esto representa sólo el 0,2% de la carne consumida en el país y, al no haberse definido ninguna tipificación de la misma, al menos en el documento oficial, no queda claro si significará siquiera una reducción de los precios actuales, ya que los asados de vaca son considerablemente más baratos de los que suelen publicarse en la prensa.
Es decepcionante que este gobierno recurra a una medida de este tipo, más habitual en otros tiempos recientes. Decepcionante porque no tendrá ningún efecto práctico y porque se reitera el mito de que el precio de la carne puede controlarse por voluntad del poder público y de un puñado de empresas que, en virtud de la extrema atomización de este mercado, carecen de la fuerza requerida (enhorabuena).
Otro instrumento anunciado es la baja de retenciones para pymes que exporten menos de USD 50 millones por año y estén aumentando sus ventas al exterior. Todavía no se encuentra regulado el mecanismo que se usará, pero seguramente tendrá un efecto muy limitado y creará situaciones de desigualdad poco atendibles.
En un orden más general, parece difícil justificar que el necesario reajuste de tarifas, que se venía aplicando sin atender las entendibles pero poco razonables quejas, pueda sufrir una postergación sin plazo.
Las medidas que apuntan a mejorar los ingresos de ciertos sectores de la población pueden ayudar a cerrar la brecha entre los precios de la hacienda y los del mostrador, que hasta hoy se encuentran muy divorciados.
Claramente, este paquete de anuncios apunta a mejorar las condiciones económicas generales del último año, caracterizadas por recesión, inflación, incertidumbre cambiaria y deterioro de la capacidad de gasto de la población, en vistas de las elecciones presidenciales de octubre.
No nos quedan claras sus posibilidades de éxito, pero lamentamos que se repitan muchos instrumentos, cuyo exceso de uso han sido una clave en el deterioro económico argentino de largo plazo.
