El jueves, el Directorio del Banco Central (BCRA) dio a conocer una comunicación por la que se excluye a las empresas con tenencias de disponibilidades en moneda extranjera en el exterior del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) -vaya libertad, de paso- para el pago de importaciones.
A los efectos de cancelar deudas comerciales con el exterior, primero deberán usar tales tenencias hasta agotarlas, antes de recurrir al MULC.
También lo restringe para las empresas que hayan operado con el dólar bolsa (MEP) o el vulgarmente conocido como contado con “liqui” (CCL) en los 90 días anteriores o posteriores a la operación.
Esta medida, que podría ser debatible desde el punto de vista ético, está enviando diversas señales, todas muy preocupantes.
En primer lugar, que sus autoridades están preocupadas por el riesgo de quedarse sin reservas a corto plazo.
Por otro lado, que todos los que usan insumos importados, directamente o en su cadena de valor, quedan con una enorme incógnita acerca de sus costos y, consecuentemente, de los precios a fijar.
Otro aspecto erróneo, es que pareciera que no está no está mal legislar con retroactividad, porque si esta semana una empresa quiere pagar importaciones y resulta que en los últimos 90 días operó en MEP o CCL no puede, aunque en ese momento no existiera esta penalidad.
Por último, que siempre vale seguir cazando en el zoológico. Porque, cuántas empresas declaran sus tenencias de disponibilidades en el exterior sino una destacada minoría?
Efectos de la medida
En esencia, tiene un impacto muy fuerte y negativo sobre la competitividad. Es poner a trabajar a las empresas con un dólar subpreciado a la hora de exportar y de otro, cuyo valor mayormente se desconoce hasta el momento, a la hora de incorporar insumos.
No debe olvidarse que siempre la mayor parte de las importaciones argentinas está constituida por bienes de uso intermedio, inclusive en la época en que la opinión pública atribuía el déficit comercial a los “paragüitas de Taiwan”. Es decir, insumos que abastecen a la mayoría de las cadenas de valor. Ese conjunto de bienes es seguido, de bastante lejos, por los de capital y, siempre últimos, los bienes de consumo final.
Por lo tanto, la incertidumbre sobre el valor a atribuir a los insumos afecta a casi todas las cadenas de valor, en el agro, la industria y los servicios.
Frente a esta medida, el usuario inicial de los artículos importados o suspende su venta hasta que aclare o, preventivamente, calcula su costo a un precio que se parecerá al del tipo de cambio paralelo, impactando sobre todos los eslabones siguientes de su cadena (y sobre el nivel general de precios).
Esto es lo que ha sucedido, de inmediato, con fertilizantes y otros insumos que se requieren, precisamente ahora, para la siembra de la fina.
Pero también ocurre en todos los demás sectores de la economía. Pensemos en todos los que usan acero, cuyo mineral de hierro se importa, la cadena textil y tantísimos otros sectores.
Entonces, el aparato productivo, que ya venía sufriendo, por la larga recesión que atravesamos y que fue potenciado por la cuarentena, ahora se contraerá más con este “error no forzado”. Completamente contrario al deseo expresado por las autoridades de volver a poner en marcha la economía.
Además, por querer darle un remedio a un problema de corto plazo del mercado cambiario, se hipoteca su posibilidad de generar una corriente de ingresos vía mayores exportaciones.
Un ejemplo rápido es el del trigo que no se siembre o que se lo haga con menor uso del paquete tecnológico, lo que significará menores rindes. Todo ese trigo no producido serán exportaciones que no se hagan y divisas que no entren.
Pero como afirmamos, este tema afecta a la competitividad de toda la economía, con lo que la reducción de exportaciones se registrará de manera transversal.
La decisión comentada constituye una muy mala medida, desde el punto de vista conceptual como desde su adversa influencia en toda la economía, por lo que hay que lamentarla.
Errores no forzados en la dirigencia agraria
El sector agrícola está comenzando los preparativos o las tareas para la siembra de cultivos de invierno. Esto hizo que las empresas proveedoras de insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos) reaccionaran de inmediato con la suspensión de las entregas o la entrega con precio a fijar, que siempre es una condición muy complicada por lo riesgosa, y que los productores se enteraran también ipso facto.
Entonces algunas entidades emitieron comunicados alertando a las autoridades sobre sus consecuencias, pero alguna lo hizo con una mirada muy “ombligocéntrica”.
Como dijimos, este tema afecta a toda la economía. Por lo tanto, hay víctimas por todas partes. En lugar de buscar aliados para combatir la decisión de manera más numerosa, han de haber sentido que eran los principales (o los únicos) perjudicados y desde el título, alejaron toda posibilidad de acción mancomunada y más extendida.
Si bien es cierto que hay productos agropecuarios que tienen impuestos a la exportación confiscatorios, como la soja, el trigo y el maíz, esta situación no cambia ese diferencial y los agrava a todos por igual. También hay muchos productos agropecuarios y agroindustriales -aunque con un peso económico distinto- que tienen derechos de exportación no mucho más altos que los de la industria y los servicios, que los tienen, asimismo.
Era una buena oportunidad para buscar socios en esta pelea política. Pero, hasta ahora, se dio un mal primer paso.
Convendría encarar este tema con el objetivo de que se lo revierta.
Lic. Miguel Gorelik, Director de Valor Carne
