Desde hace más de dos años, y en un sólido trabajo conjunto
con la Dirección Nacional de Control Comercial
Agropecuario, dependiente del Ministerio de Agricultura y la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se logró
que cada matarife empiece a trabajar con su propia
matrícula y anticipamos impuestos a la faena, entre otras
acciones. Pero tal como planteamos en el editorial de
octubre, nada cambió y la informalidad gana espacios.
Desde nuestra cámara presentamos oportunamente al ente
recaudador de Buenos Aires (ARBA), a AFIP y a la
Subsecretaría de Ganadería un análisis detallado para
implementar un “VEP Carnicero”, que permitiría regularizar
la actividad en las más de 60.000 carnicerías que existen en
el ámbito bonaerense. Pero en este punto, además de no
prestarnos atención remarcaron que es casi imposible de
aplicar.
Si bien esta herramienta no reviste un carácter definitivo,
puede ser un primer paso para abordar esta problemática y
conformar mesas de trabajo para implementar una
estrategia. En un contexto en donde la trazabilidad de los
alimentos aparece en el horizonte, debemos apuntar a la
NOVIEMBRE 2020
inscripción de las carnicerías, tanto por una cuestión
sanitaria, como para preservar la salud de los consumidores.
Con respecto al negocio, vemos con preocupación que el
incremento en las cotizaciones de las categorías destinadas a
la exportación, hace que las mismas ocupen un lugar en
parte de la hacienda de consumo.
En estos días, se hizo por demás evidente que estamos
frente a una disparidad muy grande, en donde debemos
competir frente a los frigoríficos exportadores por el mismo
producto y en este sentido pujan con fuerza por renglones
como vaquillonas pesadas, novillitos y novillos, situación que
representa un impacto negativo para el precio de venta al
público y un golpe al bolsillo a la hora de poner la carne en la
mesa de todos los argentinos.
Leonardo Rafael – Presidente de la Cámara Argentina de Matarifes Abastecedoras – CAMyA –
