En septiembre, el Estado se quedó con el 71,1% de las ganancias que obtuvo el campo. Así lo indica el índice FADA de, que refleja la participación del Estado en la renta agrícola. El incremento de los ingresos por encima de los costos, como consecuencia de una suba en el dólar, hizo que mejorara cerca de tres puntos porcentuales respecto a la medición anterior, de junio, que había marcado un 74,7%. Esa mejora sin embargo contrasta si se lo compara con el mismo mes del 2016, cuando el nivel había llegado a 65,4%.
El análisis de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina destacó que en el último trimestre el precio disponible en dólares del maíz y la soja subieron un 7% y 8% con respecto a junio, mientras que el dólar aumentó un 9% y los costos subieron un 7,4%. Desagregado por cultivos, la participación del Estado en la renta del trigo fue del 73,4%, seguido por la soja (73,1%), maíz (60,3%) y girasol (52,2%).
En tanto, respecto al año pasado, los costos de una hectárea promedio subieron 27,7%, y el valor bruto de producción de una hectárea promedio tuvo un incremento del 16,5%.
La situación no contempla la realidad de los campos inundados. Allí, se pone como ejemplo que un productor de Buenos Aires, que sembró 500 hectáreas de maíz, enterró cerca de $ 2,5 millones, una inversión que se podría perder por completo o con una importante pérdida de producción y suba de costos para cosechar y transportar. Para David Miazzo, economista jefe de FADA, allí la situación es “preocupante”. En contraste, se explica que los beneficios de la Ley Pyme puede ayudar a los productores a evitar pagar el impuesto a la ganancia mínima presunta, permite pagar el IVA a 90 días, o descontar de ganancias el 10% de las inversiones, hasta descontar el 100% del impuesto al cheque. “Por ejemplo, en el caso del impuesto al cheque, cada 100 hectáreas de maíz se podría ahorrar unos $ 8600 por año“, afirmó Miazzo.
El estudio advierte que nuevas cargas tributarias y regímenes de información significan mayores costos y mayor dificultad para el sector productivo. Como ejemplo, se especifica que recientemente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba incorporó aranceles indicativos para el registro de Tierras Explotadas (Nación) y el Régimen de Información de Combustibles Líquidos (Córdoba), dos cargas más que se cargaron a las obligaciones de los productores. El honorario sugerido para el primero es de $ 6900, y para el segundo es de $ 1380, que al ser un requerimiento mensual, genera un costo extra anual de $ 16.560. Entre ambos, se suma un costo anual de $23.460 por productor. Desglosado por provincias, el índice mide el nivel en Buenos Aires, Córdoba y San Luis.
