Se conoció finalmente la iniciativa que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para declarar las emergencias económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Quiénes quedan exentos del nuevo tributo. Se prevé además planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para Pymes, y subas en derechos de exportación.
Tras la postergación, el Gobierno reveló finalmente este martes el proyecto que envía al Congreso denominado de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El texto se conoció mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindaba detalles de las medidas allí contenidas.
La iniciativa, que cuenta con 86 artículos, establece la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, que implica una delegación amplísima de facultades hasta 31 de diciembre de 2020.
La norma prevé la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva. Asimismo, establece planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para Pymes.
En otro ítem, el megaproyecto de ley expresa la intención de “fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de los que perciben los menores ingresos”.
La norma suspende la vigencia de la fórmula de movilidad jubilatoria por 180 días, período en el cual el Poder Ejecutivo fijará trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”. También el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.
También busca garantizar el acceso a medicamentos e impulsar la recuperación de los salarios.
El proyecto establece una revisión tarifaria por 180 días. En ese marco,
se establece la intervención del ENRE y el Enargas por un año. Además,
se suspende el traspaso de Edenor y Edesur a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa faculta a la AFIP a establecer un régimen de reintegros para consumidores finales para estimular la formalización de la economía, priorizando a los sectores más vulnerados.
El proyecto establece cambios en contribuciones patronales y crea el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), con carácter de emergencia, por 5 períodos fiscales, con aplicación a seguridad social (70%) y a obras de infraestructura (30%). Dicho impuesto gravará la compra de dólares para atesoramiento, las compras con tarjeta de crédito y débito en el exterior, las compras a través de sitios que facturen en dólares, compra de servicios en el exterior y compra de pasajes al exterior.
Quedan exentos del Impuesto PAIS las prestaciones médicas, compra de medicamentos, compra de libros, plataformas educativas y proyectos de investigación.
El Poder Ejecutivo se reserva la posibilidad de ampliar las operaciones alcanzadas por el Impuesto PAIS, reducir la alícuota fijada en 30% y suspender la aplicación del impuesto. El Impuesto PAIS entra en vigencia al otro día de sancionada la ley, según se indica.
El proyecto tiene una mención referida a los créditos UVA. En el artículo 56, especifica que el BCRA realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias de ese sistema de préstamos para la adquisición de viviendas, y estudiará mecanismos para “mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”.
