Pasados ya los primeros cien días de la nueva administración de Gobierno es bueno pegar una mirada a las distintas medidas anunciadas que, de una u otra forma, conforman la macro del negocio agroindustrial en que nos moveremos durante el cierre de la campaña 2019/2020 y seguramente también en 2020/2021.
Una de las características centrales de la economía argentina es la elevada presión fiscal (34,2% sobre el PBI en 2017), el inédito peso de los impuestos distorsivos (entre otros, los derechos de exportación) dentro de la recaudación total (31%), la variación constante del tipo de cambio y los índices de inflación.
Si a esto le sumamos el constante cambio de las reglas del juego, la inseguridad jurídica y la dificultad natural para hacer negocios en el país, se termina de conformar el combo que tantas veces el Dr. Juan Llach ha planteado en sus últimos trabajos realizados para la Fundación Producir Conservando (FPC) y que conforma el «Síndrome Anti inversión» que caracteriza a la Argentina de los últimos años.
Todos sabemos que sin inversión no hay crecimiento ni generación de empleo genuino. Por estos días todo parece continuar o incrementarse según lo ocurrido en los últimos años. Veamos algunos números.
Desde su reimplantación en 2000/2001 y hasta la campaña 2018/2019, los derechos de exportación, mal llamados eetenciones, aportaron al fisco 98.500 millones de dólares solamente considerando a los granos y subproductos. A ello hay que sumarle lo ingresado por otros productos exportables como carnes, lácteos y otros productos que vienen de economías regionales.
Habiendo exportado en los últimos 18 años aproximadamente 1280 millones de toneladas de granos y subproductos, ingresaron al país un total de 407.000 millones de dólares en el período (22.600 millones de dólares anuales promedio), mientras el aporte fiscal promedio de los derechos de exportación fue de casi 5000 millones de dólares anuales con una alícuota promedio del 24%. Recordemos que los derechos de exportación se aplican sobre el valor FOB de los productos y son anteriores a otros impuestos que se aplican para el resto de las actividades económicas.
No existe en el mundo un país que pretende ser exportador de alimentos y que grava con un 24% de impuesto a la exportación a quienes los producen. No es viable que esto ocurra y la continuidad de estas políticas lleva indefectiblemente a menos inversión, menos tecnología, menos producción y finalmente menor crecimiento y empleo.
El ejemplo más claro de lo que ocurre fue en la campaña 2012/2013, donde el área sembrada de trigo fue la menor en los últimos 100 años y se produjo un desabastecimiento de este producto para el mercado interno.
En estos primeros cien días todos sabíamos de la emergencia económica de la Argentina actual y que, de una u otra forma, había que ajustarse para salir adelante, pero era previsible que el esfuerzo fuera realizado por todos y en ello incluyo, entre otros, a la política (bajando el gasto público), el Poder Legislativo y Judicial y, fundamentalmente, mejorar el control de quienes no pagan impuestos en la Argentina y que llegan a representar casi el 40% de la actividad económica en el país.
Necesitamos un país que ingrese divisas por exportaciones para afrontar nuestras deudas y poder iniciar una etapa de crecimiento. El sector granario solamente y, dentro de él, el complejo oleaginoso, pueden aportar entre US$28.000 y 32.000 millones de dólares anuales y, si a ello incluimos las exportaciones del resto de la cadena agroindustrial (41 actividades en total la conforman), llegamos a sumar algo más del 50-55% del ingreso de dólares por exportaciones totales de la Argentina.
Es necesario, independientemente de cumplir con nuestras obligaciones internas y externas, tener un plan económico integral que estabilice variables de nuestra economía y nos permita volver a crecer y generar empleo. La cadena agroindustrial en su conjunto es una de las que más rápidamente pueden responder a incentivos, que lejos de ser subsidios o protecciones, solo significan reglas claras y estables a mediano plazo y una presión fiscal razonable. No parece ser este el camino elegido por las actuales autoridades.
El autor integra la Fundación Producir Conservando
Fuente: lanacion
