El Decreto de Necesidad y Urgencia 756 de Mauricio Macri, que elimina el Fondo Federal Solidario y clausura remesas para obras a provincias y municipios por $ 35 mil millones entre este año y el electoral 2019, disparó el diseño de una embestida judicial de gobernadores e intendentes, en pos de pelear la suspensión de la medida en la Corte Suprema de la Nación y ante juzgados federales.
Entre los mandatarios, picó en punta el justicialista tucumano Juan Manzur, que blanqueó a voz de cuello que batallará la decisión en el máximo tribunal.
La movida sería más amplia: ayer, la fueguina Rosana Bertone anticipó que se reunirá mañana con parte de sus pares en Buenos Aires para coordinar un planteo conjunto. «Venimos de firmar el Pacto Fiscal y esto no se preveía dentro del acuerdo», dijo,
Según pudo saber Ámbito Financiero, en paralelo y de manera subterránea comenzó a gestarse ayer entre Fiscales de Estado de las provincias el embrión de una «cumbre urgente» -se barajó mañana, en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones- para «evaluar las distintas alternativas de impugnación».
Las argumentaciones, en pos de destacar el carácter «inconstitucional» del DNU, se apoyan en que el Fondo -que se nutría del 30% de las retenciones a las exportaciones de soja- forma parte tanto del Consenso Fiscal (que los gobernadores firmaron con Macri en noviembre) como del Presupuesto Nacional 2018.
En los efectos concretos, en tanto, remarcan que los presupuestos provinciales y municipales de 2018 dan por descontada la recepción de esos recursos, y que el tijeretazo causará un severo perjuicio en materia de obras clave de salud, educación y saneamiento, lo que -afirman- deriva en una «vulneración de derechos».
«Los DNU en materia impositiva y electoral están prohibidos, así que de movida tiene un pecado original», aseguró anoche un Fiscal de Estado a Ámbito Financiero, aunque reconoció que «hay DNU en materia tributaria que después fueron confirmados».
En rigor, la confirmación del encuentro dependerá del número de Fiscales de Estado que se pliegue finalmente a la iniciativa, en función de las directivas que reciban de los gobernadores, en plena negociación con Nación por el ajuste en el Presupuesto 2019.
La estocada judicial -hasta el momento, de sello opositor- se da en paralelo a la puja que, ayer mismo, arrancó en el Congreso.
Las embestidas comienzan a avanzar pese a que, en los hechos, la poda del Fondo Sojero terminó por tener cierto guiño de varias provincias, como «mal menor», en el marco de la pulseada con la Casa Rosada por el ajuste post FMI (ver página 16). Aunque la novedad del arranque del guadañazo este año sí disparó malestar.
En el caso de Tucumán, el Gobierno de Manzur confirmó la intención de desembarcar en las próximas horas en la Corte para concretar una presentación contra el DNU, en una estrategia que podría ser aplicada por otras provincias y cuyos tiempos dependerán de la cumbre de Fiscales de Estado en gestación. La batalla es en la Corte, por tratarse de un DNU.
«Ocasiona un impacto en lo económico y una alta fricción institucional con respecto al Gobierno nacional», aseguró a la prensa local el Fiscal de Estado tucumano, Daniel Leiva, ya que -dijo- «dispone quitarle el dinero a las provincias y hacerlo ingresar a las arcas de Nación».
Y Leiva fue más allá: recordó que Tucumán fue una de las provincias que selló el Pacto Fiscal con Macri en noviembre, y que incluye «derechos y obligaciones» para Nación y las provincias.
«Hasta acá, Tucumán ha cumplido con todos y cada uno de los compromisos asumidos en esa ocasión y no así Nación, que ya empieza a incumplir, por una decisión unilateral, violentando de tal manera la buena fe que debe primar en todo acuerdo de esta naturaleza», disparó.
En paralelo, desde tierra bonaerense, intendentes de sello justicialista, junto al defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, también desembarcarán en las próximas horas ante juzgados federales contra la poda en el Fondo sojero.
