La industria de la cadena de la carne atraviesa una situación de forcejeo. Los frigoríficos, por un lado, y los devenidos en cooperativas de trabajo por el otro, se disputan la prestación de servicios de faena. En el medio, hay una mayoría de matarifes que se sienten prisioneros de una coyuntura ajena a ellos.
En marzo del año pasado, el Gobierno obligó a todos los integrantes de la cadena de comercialización de ganado bovino y bubalino a una inscripción. Y posteriormente se exigió a los matarifes a darse de alta como faenadores de ganado vacuno. Esto modificó la estructura comercial: los frigoríficos pasaron a ser prestadores de servicios y los matarifes a ser los responsables de las compras de la hacienda en pie.
En este contexto, para los matarifes, al ser compelidos a inscribirse, su nivel de costos y de gastos se incrementó. En tanto, los frigoríficos, por su parte, al convertirse en empresas prestadoras de servicio empezaron a poner el costo a la faena .
Si bien las cooperativas de trabajo fueron incluidas por parte del Estado dentro del sistema de faena, siguen conservando ventajas impositivas. En cambio, los frigoríficos tienen una estructura tributaria de mayores costos que las cooperativas.
En los establecimientos de faena rige el uso de “cajas negras” para el control del peso de faena. Además, deben hacer depósitos regularmente a un Fondo de Garantías para garantizar el pago de multas y de IVA, como también las cargas sociales.
Los frigoríficos entienden que “los otros (por las cooperativas)” corren con ventaja. Solo en el Gran Buenos Aires operan alrededor de trece cooperativas. Los frigoríficos se unieron y formaron una mesa para “protegerse”, buscando que no haya migración de matarifes de una planta a otra. Al respecto, establecieron pautas para que no haya peleas ni rispideces entre ellos.
En declaraciones a LA NACION, Ricardo Bruzzese, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), señaló que las empresas de su sector “no solo deben trabajar en condiciones desventajosas con las cooperativas, sino también con los frigoríficos díscolos que deberían pagar impuestos y no lo hacen”.
“Hace un tiempo, en colaboración de las cámaras con el Estado, logramos que las cooperativas no puedan faenar, es decir no podían ser matarifes”, recordó Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).
Según señaló Marcelo Rossi, director de Control Comercial Agropecuario del Ministerio de Agroindustria, “hoy las cooperativas son pocas”.
“Hemos logrado regularizarlas y las que no cumplían con los requisitos de inspección fueron cerradas. Del total de la faena, las cooperativas bajaron del 12% al 5%”, remarcó el funcionario.
Para Bruzzese, el problema radica en los gastos de personal entre un establecimiento de faena y otro. “Mientras las cooperativas tienen gastos de personal por $1.400.000, nosotros -los frigoríficos- detentamos gastos de hasta $5.900.000 por el mismo ítem”, expresó.
“Detrás de las cooperativas falsas no existen empleados, sino que, en realidad, hay matarifes enmascarados que prestan un servicio más barato con una clara competencia desleal”, agregó el presidente de Cadif.
La voz de los matarifes
Para la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), su situación es compleja porque, dicen, “no tienen el poder de decidir dónde pueden matar”. Y para sus miembros todo pasa por un grupo de frigoríficos que manejan la actividad y “hacen lobby para que las cooperativas no funcionen”.
“Nosotros, al sentirnos atados desde ese punto, debemos pagarles a ellos (por los frigoríficos) el precio que imponen por la faena”, se quejaron los matarifes.
Para Schiariti lo que está pasando es que “hay un sector de la industria que quiere cartelizarse, que no migren y obligar que se pague un precio determinado de pesos por kilo de faena”.
Según Alvaro Moscoso, integrante de CAMyA, la elección de la planta faenadora por parte de los matarifes está dada por el servicio que presta, la calidad de la faena, la capacidad de frío, el tratamiento de la carne en cámara, los horarios de carga, la ubicación geográfica y por el valor del recupero.
“No es por el tipo de forma jurídica que posea la prestadora, aspecto que no nos corresponde evaluar a nosotros”, dijo. En tanto, sobre las cooperativas indicó: “Si son establecimientos autorizados por el Senasa, constituidos legalmente y fiscalizados por las entidades correspondientes, no somos nosotros los que podamos cuestionar su funcionamiento”.
Según una fuente de los matarifes, “la mesa fuerte de los frigoríficos” logró que “cada uno de ellos tengan cautivos a los matarifes”.
“Si uno se quiere mover a otro frigorífico, no puede porque el otro no lo recibe, se protegen entre ellos, incluso han puesto plata para que no se abran frigoríficos cerrados”, alertó esa fuente del sector.
“No hay libre comercio, todos los frigoríficos no están en el mismo lugar, algunos a 200 kilómetros, no tienen las mismas dimensiones, ni brindan el mismo servicio de enfriado pero todos se ponen de acuerdo y cobran lo mismo y eso no es justo”, reclamaron desde el sector.
Bruzzese insistió en que los costos fijos que tienen los frigoríficos son altos. “Nosotros analizamos los costos de un frigorífico en general, que como mínimo debe tener 135 empleados en blanco con las cargas sociales. Debemos pagar 140 horas de garantías a los trabajadores, trabajen o no”, indicó.
El valor del recupero que antes cobraban ya no lo tienen más. Antes, con el valor del subproducto (cuero, sebo, hueso, menudencias), a los matarifes les quedaba un saldo a favor.
Para Schiariti, esta última situación tiene que ver con el cuero, en donde las curtiembres cuentan con la protección de las retenciones, por ejemplo.
LA NACION trató de contactarse con responsables del sector de las cooperativas, pero se negaron a hablar
