Frente a la falta de generar un verdadero debate respecto del uso agroquímicos en el Parlamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agroindustria avanzan en la reglamentación para el reordenamiento y control de las fumigaciones tanto aéreas como terrestres que permita buscar coincidencias de «pautas comunes», en todo el país ante las «inconsistencias» que se imponen en provincias y municipios. Para eso, en febrero se invitará a las autoridades del interior del país a que acerquen las distintas prácticas que se utilizan para que sean plasmadas en una resolución a publicar en dos meses, y en donde se le pedirá a los gobernadores ser parte de la misma.
Según pudo saber BAE Negocios a partir de fuentes de ambas carteras, es que en dos semanas se convocará por un lado al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al Consejo Federal Agropecuario (CFA), a los cuales se les presentará un borrador de lo quiere el Ejecutivo respecto de las fumigaciones.
Para esto habrá que acercar las normas que tengan en cada jurisdicción con el fin de llegar a un mayor consenso. «No se trata de los metros en las fumigaciones sino todas las definiciones al respecto. Densidad de población, mensuras, parámetros para fijar las distancias, qué técnicas se usan para la aplicación tanto en la manipulación del operario como en la maquinaria llamese, nivel de control y monitoreo», resaltaron desde Medio Ambiente.
El borrador que fue diseñado por los técnicos de ambas carteras y que tiene definiciones «en general», pero que buscar aplicar «políticas de estado a partir de estándares» basadas en las buenas prácticas agrícolas (BPA); tendrá por otro lado limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo para abajo.
Sin embargo, fuentes de Agroindustria reconocieron que todavía falta coincidir en las zonas de amortiguamiento, las cuales siguen en «discusión» ya que también se propone retirar las zonas de exclusión como concepto de reaseguro; esto significa que, directamente, no se podrá fumigar.
Lo que se busca «es que las provincias tengan una referencia de lo que hay que hacer y siempre y cuando quieran abrir sus respectivas legislaciones para que luego éstas la trasladen a los municipios», afirmaron desde Paseo Colón al 900.
Si hay una negativa por parte de los gobernadores, «avisaremos a los vecinos de cada jurisdicción que sus representantes no quieren adherir lo que significa que no buscan normalizar la situación», resaltaron en Medio Ambiente.
Respecto de los controles, ambas fuentes coincidieron en la necesidad de que cada jurisdicción tome el verdadero poder de policía invirtiendo en personal idóneo que haga cumplir las leyes. «Esto quiere decir que si un avión fumiga sobre una escuela, cuando el piloto baja, va preso porque es un delito penal», subrayaron desde la cartera medioambiental.
Además, remarcaron que así como hay una trazabilidad en los alimentos, esto mismo se puede trasladar a los aplicadores, como puede ser colocando un GPS a los aviones. De esta forma se valida el efecto de los agroquímicos sobre la salud de la gente.
Lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor a estar bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas y productos agroquímicos.
Nuevo paradigma
Los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología trabajan junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para que el campo vaya hacia la química verde. En ese sentido buscan reemplazar el uso del paraquat, un herbicida que elimina las malezas por otro de origen orgánico como es el ácido pelargónico que se encuentra en el reino animal y vegetal. Los técnicos locales buscan extraerlo del girasol para de esa forma ofrecer un reemplazo sustentable.
Fuente: BAE Negocios
