El ruralismo bonaerense comenzó a pensar en la estrategia que seguirá luego de que la Legislatura provincial votara la suba del 50% para el impuesto inmobiliario rural de 2018.
El 30 del actual, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la entidad que lideró el rechazo a la suba del impuesto, realizará en Trenque Lauquen su reunión de Consejo Directivo. Antes, la semana que viene, habrá reuniones zonales de las distintas rurales donde se plantearán las opciones a seguir y que luego serán llevadas al Consejo Directivo para su definición.
«Veremos cómo seguimos. No hay una decisión tomada, pero están abiertas las puertas [a las decisiones]», dijo el presidente de la entidad, Matías De Velazco. El titular de Carbap sabe que los productores están muy molestos con el gobierno de María Eugenia Vidal no sólo por el incremento en sí, sino porque no abrió una negociación para intentar reducir el impacto del aumento.
Si bien hubo diálogo con el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, la decisión sobre cualquier cambio no pasaba por él, sino por el Ministerio de Economía de Hernán Lacunza. Sarquís contuvo a los ruralistas.
Sobre este caldo de disconformidad la semana próxima se harán las reuniones por zonas previamente a la del Consejo y ya se escuchan voces que sostienen que el sector debería de alguna forma canalizar su malestar.
«Hay que protestar, no quedarse callados y transmitir a la población lo que nos pasa», dijo a LA NACION Lucas Fernández Long, presidente de la Sociedad Rural de Pehuajó. El ruralista consideró que, por su alto nivel de impacto, «este impuesto va a tener más incidencia que la 125 [resolución con la cual la ex presidenta Cristina Kirchner quiso imponer retenciones móviles]». Fernández Long cree que el sector no podrá absorber la mayor carga tributaria y que habrá, de una u otra manera, una presión para el traslado de precios al público como, por ejemplo, en la carne. «Habrá que avisarle a la gente lo que va a suceder», dijo.
Martín Montero, presidente de la Sociedad Rural de Rivadavia, señaló que el sector había apostado al diálogo para tratar de revertir la medida. «Hay que ver qué hacer para demostrar que no estamos de acuerdo», indicó. En Rivadavia el fastidio se potencia con los anegamientos. Allí hay 100.000 hectáreas bajo el agua y afirman que el gobierno bonaerense no firmó la declaración de emergencia luego del vencimiento, en junio pasado.
«Hubo diálogo y nos recibieron, pero sentimos que no terminaron de visualizar lo que les queríamos transmitir», afirmó Ignacio Kovarsky, presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen sobre las autoridades. «Vemos que hay un descontento importante y toda la inversión que fue récord en maquinaria ahora se va a tocar por esto», agregó.
En el sector también hay productores que remarcan que el conflicto dejó un par de enseñanzas. «Tenemos que estar más encima de los diputados y senadores. Eso se hizo, pero nos faltó más», opinó Pablo Ginestet, presidente de la Asociación Rural de Henderson. Ginestet apuntó que allí «hay mucho malestar con la demora por la emergencia agropecuaria vencida hace 75 días».
