A fines de julio de este año el Ministerio de Agroindustria de la Nación conducido por Ricardo Buryaile decidió dar de baja cerca de 1000 grupos de Cambio Rural de pequeños productores de la agricultura familiar, después de un proceso de reempadronamiento que de por sí había sido complicado. Dejó así sin asistencia pública a muchísimas familias campesinas, solo un grupo de ellas fue redirigida hacia programas del Ministerio de Acción Social.
El programa “Cambio Rural” se encontraba en vigencia desde 1993 y apuntaba a proveer asistencia para los gastos vinculados a la contratación de técnicos, así como “promover y facilitar la intensificación y reconversión productiva de la pequeña y mediana empresa rural”. En 2014 el programa, ya con el nombre de “Cambio Rural 2”, se actualizó para incluir a las pequeñas producciones vinculadas a la agricultura familiar, un sector que en los últimos años tuvo un enorme crecimiento. Los programas de Cambio Rural eran financiados por la cartera de Agroindustria pero su implementación se encontraba a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Con la publicación de la Resolución 249-E/2017 en el Boletín Oficial se confirma la creación del llamado “Programa Cambio Rural”, que viene a reemplazar a sus predecesores. En la resolución se afirma que el programa original le otorgó gran importancia al trabajo coordinado con las provincias y las entidades del sector, incluidas las intermedias, “para posibilitar y potenciar la asistencia técnica, el acceso al crédito y el intercambio tecnológico necesario para una mayor eficiencia y diversificación productiva que, junto al esfuerzo asociativo, generen economías competitivas”. Sin embargo, según afirma la norma que lleva la firma del Ministro Buryaile, luego de más de 20 años de existencia el programa “ha ido desviándose paulatinamente del fundamento de su acción”. Así, indica que a pesar del esfuerzo y los recursos invertidos, “los resultados obtenidos no alcanzan para posicionar a la pequeña y mediana empresa rural en los niveles óptimos y necesarios de eficiencia productiva que les permitan enfrentar exitosamente las fluctuaciones económicas y climáticas”.
La sola mención de los “niveles de eficiencia productiva”, que refieren a la escala de producción ya genera entre los referentes del sector mucho escozor. El Enfiteuta conversó con algunos de ellos, que mencionaron que esa expresión deja en claro que a los productores más chicos se los considera ineficientes y por lo tanto no se los va a atender. El problema, en palabras de un dirigente de los productores, “es que nunca se sabe qué entiende por chico, y eso termina seguro incluyendo al chacarero”.
Siguiendo con la norma, plantea la necesidad de “reestructurar” el programa para lograr se cumpla su objetivo principal de “promover y facilitar la intensificación y reconversión productiva, como un medio para mejorar la situación productiva y socioeconómica de los pequeños y medianos productores rurales y propender al desarrollo agroindustrial en todo el territorio nacional, impulsando el aprendizaje grupal”.
Sin embargo, como anticipaba la baja de los cientos de grupos vinculados a la agricultura familiar a fines de junio, está claro que ese sector no iba a ser una prioridad oficial. De hecho, el actual programa definido por la secretaría de Negri y por la Coordinación Nacional dirigida por el diputado radical Juan Casañas, modifica el segmento de destinatarios, excluyendo de los beneficios a la agricultura familiar a la que ni siquiera se menciona en las 29 páginas del nuevo “Manual Operativo del Programa Cambio Rural”.
Restricciones para los pequeños productores
La resolución plantea que los integrantes de los grupos enmarcados en el Programa Cambio Rural 2 se incluirán en el nuevo programa, siempre de acuerdo a las pautas del Manual. Pero allí se plantean una serie de requisitos extremadamente restrictivos, que dejan sin posibilidades de acceso por ejemplo a la mayoría de los pequeños productores del llamado “cinturón verde” del Gran La Plata (que cubre la demanda de verduras y hortalizas de buena parte de la provincia de Buenos Aires) o de los cordones urbanos de las ciudades de Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja o Santa Fe.
Además de requisitos que plantean la exigencia de “desarrollar la actividad productiva y/o de servicios con carácter exclusivamente comercial” o “reunir un ingreso anual neto para sí, superior al 50% de los ingresos totales” (lo que confirma una reorientación del programa hacia productores medianos o grandes) el que más claramente marca el carácter restrictivo de la “reestructuración” es el que exige “ser nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo”. Cerca del 80% de los productores del cinturón verde platense son bolivianos nacionalizados y quedarían afuera (21 de los 27 grupos de Cambio Rural de la región ya habían sido dados de baja en julio y los otros 6 concluyen sus programas en diciembre).
Uno de los técnicos vinculados al apoyo productivo a este sector manifestó en entrevista con La Nación: “Todos los agricultores familiares hortícolas comercializan la totalidad de la producción, pero igual los borran del programa, ahora, por ser extranjeros. Parece que no se dan cuenta que ponen en riesgo la seguridad alimentaria nacional o ¿seguirán importando verduras y hortalizas, como ya lo están haciendo?”. Y concluyó: “Con este tipo de medidas excluyentes se pierde soberanía productiva y puestos de trabajo, justo en sectores donde el asesoramiento en Buenas Prácticas Agrícolas genera el mayor impacto. Resulta irracional”.
El actual presidente del INTA, el formoseño Amadeo Nicora justificó la resolución afirmando: “No es un ajuste, sino otra manera de enfocar al sujeto del programa. Veníamos trabajando con una determinada tipología de productores, que a partir de una definición de Agroindustria se restringe a otro tipo de destinatarios. Es un cambio en la visión del usuario de Cambio Rural”.
