El sector no llegó a tener la sanción ni del 12% de los proyectos de ley en agenda del Congreso Nacional
El año electoral garantiza una baja en la actividad legislativa, y este año, a pesar de las restricciones sanitarias, no fue la excepción. Incluso, en el 2020, cuando los protocolos fueron mucho más extremos, el Congreso estuvo más activo.
Según un relevamiento de la Fundación Barbechando, durante el 2021 el Congreso sesionó menos de la mitad de veces que el año anterior, y ese resultado se replica en cada Cámara en particular: en Diputados fueron 5 sesiones contra 12 de 2020 y en Senado 11 contra 21.
Sin embargo, las leyes sancionadas no fueron tan en descenso: durante el 2021 el Congreso aprobó 118 proyectos de ley, contra los 175 del año anterior, es decir, una baja del 33%.
La agenda agro: pocos proyectos y preeminencia del oficialismo
A pesar de que no se haya registrado un descenso marcado en la cantidad de leyes sancionadas, el sector AgroBioIndustrial (ABI) no llegó a tener la sanción ni del 12% de los proyectos de ley en agenda del Congreso Nacional, de los cuales fueron 14 leyes -9 de ellas esperan sanción definitiva- y 8 dictámenes de comisión que ya perdieron vigencia.
Con respecto a la autoría de los proyectos: el 95% fueron impulsados por el oficialismo, donde los diputados y senadores del Frente de Todos tienen más del 70% de las iniciativas y más de un 20% del Poder Ejecutivo; mientras la oposición corre por detrás con menos del 5% de los proyectos dictaminados.
¿Qué temas estuvieron presentes?
Más del 30% de la agenda de los proyectos con algún grado de avance estuvieron vinculados al ambiente -ley de educación ambiental, reciclado de neumáticos, evaluación de impacto ambiental y principios ambientales, entre otros-; mientras que el 13% fueron para créditos para agricultores familiares e igual número para economías regionales.
Luego hay un 10% de las leyes y/o dictámenes vinculados al aumento de impuestos -modificaciones a los bienes personales y ganancias de las empresas-, ganadería -Ley Ovina-, infraestructura -Bicameral de la Hidrovía- y energía -Ley de Biocombustibles-, entre otros, que en su gran mayoría significaron un perjuicio para el sector.
Comisiones: una réplica de la escasa actividad legislativa general
En paralelo, la baja en la actividad legislativa a nivel recinto se refleja en la baja en la actividad en comisiones, producto de un Congreso en vilo por las elecciones de medio término.
Durante el 2021 ninguna de las 6 comisiones que siguen de cerca los temas de la ABI- Agricultura y Ganadería, Ambiente y Economías regionales- lograron mejorar su performance respecto del año anterior, e incluso la mitad de ellas estuvieron por debajo de la media de 2020.
La presencialidad no debería haber sido la excusa de la inactividad, ya que Diputados, hasta octubre, y Senado, hasta noviembre, se manejaron en forma virtual, permitiendo mayor concurrencia a las reuniones.
A pesar de que los presidentes de las comisiones son quienes manejan la agenda y habilitan las reuniones, la falta de acuerdos y las diferencias a al interior de los bloques habrían sido el motivo de existencia de comisiones aletargadas, que terminaron avanzando con pocos dictámenes, impulsados casi en su totalidad por el oficialismo.
Mención aparte para la comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados, una comisión transversal a los partidos políticos y por demás federal, que no se reunió ninguna vez en los últimos dos años.
La Mesa de Entradas: termómetro de la agenda pública
Varias de las demandas sociales se instalan en la agenda pública y el Congreso las toma y las transforma en iniciativas de ley que reflejan una especie de “rating” de las principales problemáticas e iniciativas. La ABI representa un 10% de la mesa de entradas del Congreso Nacional, con 237 iniciativas sobre 2403 del total.
Una vez más, los proyectos ambientales están al tope de la agenda legislativa, reflejando un cuarto de todos los proyectos presentados en el 2021 vinculados a la ABI, donde la creación de áreas protegidas o reservas, los delitos penales ambientales y el desarrollo sostenible son tendencia. Bosques, cambio climático, recursos hídricos y evaluación de impacto ambiental, los siguen detrás.
Casi un 20% de los proyectos presentados están vinculados a las economías regionales, con preponderancia de proyectos que impulsan la emergencia hídrica y beneficios para la vid y olivas.
Luego, un 10% aproximado se llevan los proyectos de ganadería y también los de agricultura, donde, para los primeros, el maltrato animal representa casi el 70% de las iniciativas. Para el segundo caso, maquinarias, agroecología, agroquímicos, agricultura familiar y granos representan la mayor cantidad de las iniciativas.
Con respecto a las autorías de los proyectos presentados de la ABI, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están parejos, con un 44% y 39%, respectivamente, de iniciativas propias.
Al interior del interbloque de Juntos por el Cambio, 53% de las iniciativas corresponden a la UCR; 42% al PRO y 5% a la Coalición Cívica. Luego le siguen otros partidos de terceras vías, con el 8% y casi un 7% de los bloques federales o partidos provinciales. El Poder Ejecutivo tiene casi un 2% de las iniciativas impulsadas que aún no lograron ningún grado de tratamiento.
Desde Barbechando apoyamos un Congreso activo, que controle e impulse políticas públicas que nos brinde las reglas de juego que la sociedad necesita para los próximos 50 años, donde los gobiernos de turno se encarguen de gestionar la coyuntura, y no dejarle ese rol al Poder Legislativo, a cambio de delegación de facultades que le son propias.
Casi la mitad de la población en la pobreza es motivo suficiente para exigir grandes acuerdos políticos, donde los egos personales sean secundarios y la unión de los argentinos, para lograr un proyecto en común de desarrollo de país, sea la meta a alcanzar.
Florencia Ricchiuti
