Un trabajo realizado por los asesores económicos de la Sociedad Rural de Jesús María, al comparar al sector petrolero con el agro, señaló que el primero “recibe un tratamiento diferencial por parte del Estado, en detrimento del segundo”.
Y además, reflexionaron: “Lo que todos deberíamos preguntarnos es por qué el Estado elige priorizar una industria con alta concentración y componente transnacional, y no apoyar a un sector pujante, que se compone mayoritariamente de Pymes”.
Esto está directamente relacionado a la mayor cantidad de impuestos que tiene el sector agropecuario y que es obligado a liquidar su producción para acceder a líneas crediticias, a pesar que genera más divisas y puestos de trabajo. Por su parte, a la industria petrolera se le redujeron aranceles a la exportación, mientras que al campo todo lo contrario, y hasta se habla de la pesificación de los contratos.
En las últimas semanas, el gobierno oficializó, mediante el Decreto 488/2020, la existencia de un precio mínimo para el petróleo, el denominado el “barril criollo”, fijándose en 45 dólares el valor del mismo. Este precio será ajustado para cada tipo de crudo por calidad y por puerto de carga, utilizando la misma referencia, de conformidad con la práctica usual en el mercado local. La medida tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del corriente año, salvo que en dicho ínterin la cotización del “Ice brent primera línea” supere el precitado precio durante 10 días consecutivos, situación a partir de la cual queda sin efecto la medida.
Además, el Gobierno obligaría a cambio a las empresas productoras a sostener los niveles de actividad y/o de producción registrados durante el año pasado, tomando en consideración la situación actual de contracción de la demanda local e internacional, tanto del petróleo crudo como de sus derivados, producto de los efectos de la pandemia de coronavirus. Las empresas productoras deberán sostener los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales, así como la planta de trabajadores que tenían al 31 de diciembre de 2019.
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La medida busca preservar a las empresas petroleras, a sus empleados y a las provincias que se financian a partir de regalías y demás impuestos que colectan a partir de esta actividad, en un escenario donde el precio del petróleo se encuentra deprimido, en niveles por debajo de los USD 35/BBL.
El costo de esta medida, para el período mayo–diciembre de 2020, se estima que podría ubicarse entre 2.221 y 1480 millones de dólares, de acuerdo al diferencial entre la cotización del Barril Brent y los USD 45 del Barril Criollo. La consultora Aerarium estima que las provincias recibirán 211,3 millones de dólares extras por la medida, a lo que podría sumarse unos 36 millones de dólares adicionales en concepto de mayor recaudación por ingresos brutos.
Según el trabajo de la rural de Jesús María, “el sector petrolero también se ha visto beneficiado con acuerdos sectoriales de salarios, tratamiento diferencial a las inversiones en Vaca Muerta y el desarrollo de red de gasoductos, a diferencia del agro, que además de los aumentos en los derechos de exportación, sufre la superposición de gravámenes entre jurisdicciones y es penalizado con regulaciones que parecieran obedecer más a caprichos políticos que a una política económica con un mínimo de rigor científico”.
“Teniendo en cuenta que difícilmente las refinerías puedan absorber el precio del barril criollo, es altamente probable que todo termine en un esquema de subsidios del Estado al sector. Esta política dista diametralmente de la aplicada por el gobierno nacional respecto a la producción agropecuaria y las industrias derivadas de la misma, siendo el objeto de este estudio comparar tanto el aporte de ambos sectores a la economía nacional como el tratamiento impositivo y regulatorio que se le aplica a cada uno de ellos”, expresaron desde la rural de Jesús María.
Estudio comparativo
El estudio comparativo resaltó que en 2017, las actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura representaron un 7,11% del total del PBI, proporción que se eleva hasta el 8,54% si se considera solamente el valor agregado bruto del sector. En cambio, las rentas del petróleo aportaron solamente un 0,74% del PBI del mismo año. Por otro lado, más del 57% de las exportaciones nacionales provienen del agro, mientras que solo el 7,8% resultan del sector petrolero/petroquímico.
Todo esto derivó, en un ingreso de divisas generado por los sectores “oleaginosas y cereales” y “otras actividades primarias” de 26.627 millones de dólares. A continuación, se ubicó el sector de “alimentos y bebidas” con 6.463 millones de dólares netos, mientras que el tercer lugar del ranking fue para el sector minero con 3.508 millones de dólares.
En cuanto a la industria petrolera, los ingresos por exportaciones e inversiones generados en 2019 no lograron compensar la salida de divisas, lo que implicó que el sector registró en el período un balance cambiario neto negativo de 1.549 millones de dólares. Y en lo que respecta al nivel de empleo, de acuerdo a los datos oficiales de 2018, en el sector agropecuario 56.877 personas físicas y jurídicas emplearon a 361.421 personas, mientras que 55 firmas del sector petrolero y gas emplearon a 22.506.
Las cifras son elocuentes al marcar que el sector agropecuario tiene un potencial económico claramente superior al petrolero. Al respecto, desde la rural de Jesús María remarcaron que toda esta situación debería ser contemplada “a la hora de definir una política económica orientada a un determinado sector”.
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Además, habría que tener en cuenta que “la explotación petrolera se concentra en 9 provincias, fundamentalmente en la región patagónica, mientras que las explotaciones agropecuarias se extienden prácticamente a lo largo de todo el país. Y otro aspecto, es la contribución al fisco que realiza cada sector, donde la contribución del agro al fisco es seis veces el aporte que realiza el sector petrolero”.
En ese último punto, las retenciones al agro tienen un fuerte impacto, especialmente desde finales del año pasado donde hubo un incremento de las mismas, mientras que se bajaron a las exportaciones hidrocarburíferas. A todo esto hay que agregar el incremento de los impuestos que gravan los inmuebles rurales y la suspensión de la disminución de impuestos a los ingresos brutos y sellos.
El trabajo, sostiene al respecto, “el peso de los impuestos en el resultado del productor pasó de 85% en septiembre de 2019 a 97% en diciembre de 2019. Esto significa que para los productores que vendan sus granos luego de los cambios impositivos su resultado económico se verá reducido en un 80%, y será tan solo una quinta parte de lo que estimaba obtener cuando decidió llevar adelante la siembra”.
Y agregaron: “El tratamiento que se le da al sector petrolero es muy distinto, para quién se disminuyeron los aranceles a la exportación y se les garantiza un piso en el precio de su producto al puñado de empresas que conforman el sector y a las provincias que descansan en regalías petroleras».
