La presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 despertó entre las entidades del campo un creciente malestar, en principio, por la inclusión de un artículo que faculta al poder Ejecutivo para regular un eventual aumento a los aranceles de exportación a la producción granaria.
A ello se suma ahora una reforma al sistema tributario para el pago de los bienes personales, tema sobre el que ya se pronunció en la víspera la Mesa de Entidades Rurales (Comisión de Enlace)
En ese sentido Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), expresó en las últimas horas su profunda preocupación porque una vez más, el gobierno nacional pretende hacer pagar al sector agropecuario, los desbarajustes económicos que las distintas conducciones políticas han generado al país.
Los funcionarios de los tres niveles – nacional, provincial y municipal- que componen el Estado están demostrando no estar a la altura de las circunstancias toda vez que en la búsqueda obligada de un equilibrio fiscal se dedican a incrementar los ingresos del estado, solo a través de nuestros impuestos, en vez de demostrar una actitud acorde con la gravedad del país la cual los debiera hacer poner todo su esfuerzo en llegar al equilibrio fiscal vía reducción del gasto del Estado.
“Entendemos que cuando se habla de retenciones, estas no solo son las responsables de la disminución o estancamiento de la producción nacional sino que son el más claro ejemplo de la carencia de ideas o alternativas inteligentes por parte de los funcionarios para lograr un Estado equilibrado”, alertó Carbap.
Por eso preocupa sobremanera que en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2019 se otorgue al Poder Ejecutivo la facultad de elevar la alícuota de derechos de exportación para los productos del complejo sojero hasta el 33% del valor imponible o precio oficial FOB, y a nadie escapa que dicha facultad podrá ser ejercida por la futura administración nacional, ya que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
Los funcionarios beberían saber que la producción soporta ya una enorme carga tributaria (nacional, provincial y municipal) que representa cerca del 45% de sus ingresos brutos, y del mismo modo actuar con mayor prudencia ya que nuestra historia demuestra que una vez establecido un impuesto es muy difícil que pueda ser anulado en el futuro.
Por eso alarma que también en el presupuesto se establezca modificar la tributación de bienes personales, derogando la exención del pago de bienes personales para inmuebles rurales productivos ya que se derogaría en 2019 el impuesto de Ganancia Mínima Presunta.
De esta forma, el productor además de pagar el impuesto a las ganancias, deberá tributar el impuesto a los bienes personales, poniendo en igualdad de condiciones a los bienes suntuosos como a los bienes productivos y sacando del negocio a una gran cantidad de productores agropecuarios.
La usina de creatividad del Gobierno Nacional que género esta propuesta no tuvo en cuenta las consecuencias nefastas, no solo para el sector sino para el país, que conllevara esta medida. Y mientras esta se discute, la administración pública en su conjunto, incluyendo los tres poderes, en una muestra de irresponsabilidad para con el deber asumido no realiza el ajuste tan necesario que nos permita terminar con estas crisis cíclicas en las que nos vemos inmersos en forma periódica.
CARBAP, durante la próxima semana tratara en su reunión de Consejo Directivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las medidas a seguir frente a un nefasto proyecto que empuja al sector a demostrar el gran disconformismo que se está gestando en el sector productivo
