A pocos días de cumplirse diez años del comienzo del conflicto entre el kirchnerismo y el sector agropecuario por la 125, la Mesa de Enlace volvió a reunirse este martes para intentar acordar una agenda de temas comunes que hacen a la realidad del campo.
Los presidentes de las cuatro entidades rurales -Dardo Chiesa, Omar Príncipe, Daniel Pelegrina y Carlos Iannizzotto- mantuvieron un encuentro luego de varios meses en la sede porteña de CRA con la intención de retomar la iniciativa política.
La reunión se dio en medio de lo que muchos consideran la peor sequía en los últimos 70 años, sólo comparable con la registrada en 2009, que llevó a la quiebra a miles de productores agropecuarios que ya venían golpeados por las políticas del kirchnerismo.
Los dirigentes rurales definieron avanzar en la organización de una jornada de análisis y trabajo el próximo 17 de julio cuando se cumplan diez años del histórico voto «no positivo» del ex vicepresidente, Julio Cobos, en el Senado de la Nación.
En la misma línea, tras analizar la situación de los distintos complejos productivos y coincidir en un diagnóstico preocupante de la realidad, las entidades decidieron solicitarle una audiencia al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.
«La reunión fue muy buena. Nos pusimos de acuerdo en una agenda de temas. Intentamos ver cómo hacemos para tener mayor protagonismo y ojalá podamos avanzar en propuestas», dijo a La Política Online Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro.
Los titulares de CRA, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria destacaron que los principales problemas del campo son la sequía, los incendios, las inundaciones, las situaciones de emergencia, la alta presión tributaria y la reciente reforma fiscal.
Los dirigentes remarcaron también la necesidad de avanzar en el abordaje de la Ley de Semillas en la cual, históricamente, hubo diferencias políticas entre las entidades, y en la implementación de un seguro multirriesgo, entre otras cuestiones.
LPO publicó un informe exclusivo de la consultora Agritrend que cuantifica los daños que está causando la sequía. Entre estos se cuentan, unos u$s 3.000 millones menos en ingreso de divisas y unos u$s 600 millones menos en recaudación por retenciones.
Esto sin contar las pérdidas directas que tendrán los productores de soja y maíz. La cosecha de la oleaginosa, por ejemplo, podría caer a 46 millones de toneladas, mientras que la del cereal se ubicaría en apenas 37,5 millones de toneladas.
Una de las preocupaciones de los dirigentes es trabajar en la competitividad y en la baja de costos productivos. En este sentido, se habló de incorporar un esquema de reducción de cargas patronales elaborado por el área de Economías Regionales de la CAME.
Esto porque el artículo 167 de la Ley 27.430 está pendiente y la entidad ya solicitó a Etchevehere que para las actividades primarias, el Mínimo no Imponible, en vez de ser progresivo, sea inmediato para incentivar el blanqueo de trabajadores en la actividad.
El ministro y la Mesa de Enlace apoyan la iniciativa dado que, según datos de CAME, hay unos 375.000 trabajadores registrados, pero se calcula que en las diferentes economías regionales hay casi un millón de trabajadores.
Es decir, hay alrededor de 600.000 trabajadores que integran los distintos complejos productivos en el interior del país que están en la informalidad y que podrían sumarse al mercado formal generando, en definitiva, una mayor recaudación para el Estado.
Otro punto no menor es el Censo Agropecuario. El director del INDEC, Jorge Todesca, se comprometió en una reunión con Coninagro a comenzar a elaborar el estudio en julio próximo en función de que el realizado en 2008 contiene datos que no son reales.
