A los dirigentes rurales les costó varios días digerir las declaraciones del gobernador radical de la provincia de Jujuy Gerardo Morales que, tal como reveló LPO, le pidió al Gobierno nacional duplicar las retenciones a las exportaciones.
Es que, si bien en el campo saben que las retenciones rigen para todos los exportadores, en caso de que la crisis económica se agrave creen que no habrá más remedio que volver a aumentar los impuestos al único sector generador de divisas genuinas.
«Tuvimos que escuchar propuestas trasnochadas en torno a ideas que, sinceramente, creíamos terminadas: se habló ni más ni menos de duplicar los nuevos derechos de exportación», dijo el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina.
«Es insólito que un país que necesita desesperadamente aumentar sus exportaciones y revertir su balance comercial, ponga retenciones. No demos otro paso atrás», agregó Pelegrina este fin de semana en el marco de la Exposición Rural de Bahía Blanca.
En el último Congreso de CRA en el Palacio de las Aguas el presidente Mauricio Macri aseguró que las retenciones serán «transitorias». Pero en el agro se perdió la confianza en el Gobierno en función de los últimos vaivenes y promesas incumplidas.
De hecho, el proyecto de Presupuesto 2019 que elaboró el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y que será tratado en el Congreso antes de fin de año, establece la posibilidad de subir las retenciones hasta un tope del 33% «hasta el 31 de diciembre de 2020».
Dardo Chiesa, presidente de CRA, aseguró que «la propuesta de Morales le pegaría de manera directa a los propios productores que están en su provincia porque las retenciones son un castigo, aún más, para las zonas alejadas de los puertos».
En la misma línea, Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, afirmó que «para afrontar la difícil situación de los productores hay que buscar beneficios impositivos y financieros y, a largo plazo, promocionar el asociativismo».
Con el dólar a 39 pesos, el complejo sojero paga cerca de 30% de retenciones, mientras que el trigo, maíz y girasol abonan alrededor de un 11%, al tiempo que los productos de las economías regionales aportan un 5,5% en promedio incluyendo reintegros.
El presidente de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, se refirió a la polémica e insistió con la histórica propuesta de la entidad. «Hay que ir hacia un esquema de segmentación en el que los pequeños productores no paguen retenciones», remarcó.
La Sociedad Rural de Rosario, en tanto, también hizo notar su malestar y la preocupación presente en el sector. «El agro no puede aportar más; el Estado debe bajar sus exorbitantes gastos para así lograr el tan mentado equilibrio fiscal», señaló.
Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de CAME, consideró que «las retenciones se contraponen con el objetivo de recuperar mercados y ganar competitividad; las Pymes afrontan una presión impositiva que es realmente asfixiante».
La Fundación Barbechando -una organización que impulsa proyectos vinculados al campo en el Congreso- opinó que un nuevo aumento de retenciones «generaría una situación peor a la del 2008» cuando el kirchnerismo intentó imponer la 125.
«A partir de ese conflicto aprendimos que no alcanza con reclamar ante hechos consumados, sino que es preciso participar en el debate y sanción de normas y leyes que regulan la actividad económica y social», concluyó la Fundación Barbechando.
