El proyecto oficial de suba del impuesto de Bienes Personales incluye una sorpresa que ya está generando un fuerte malestar en el campo. Es que, según dispone la iniciativa del Ministerio de Hacienda, se derogará la exención que tenían los inmuebles rurales.
La iniciativa prevé subir el mínimo no imponible de los actuales $ 1,05 millones a $ 2 millones, además de elevar la alícuota a un 0,75% para bienes con una valuación superior a $ 20 millones (en el cual se incluye a todos los campos).
«Los inmuebles rurales que estén arrendados, inexplotados o afectados a explotaciones unipersonales pasan a tributar. El sector agropecuario paga el ajuste», explicó en su cuenta oficial de Twitter el consultor tributario Marcelo Rodríguez.
«Con el revalúo rural que se hizo en varias provincias, el campo va a financiar el déficit del Estado. El cambio permanente de reglas de juego lo único que genera es desconfianza», sostuvo Rodríguez, quien además es docente en la UBA.
«Para un campo con una valuación de $ 80 millones, que son u$s 2 millones con un tipo de cambio de $ 40, el monto por pagar de Bienes Personales para el año fiscal 2019, con el nuevo esquema, sería del orden de $ 600.000», agregó el tributarista.
Los especialistas afirman que el primer impacto que tendrá la imposición de Bienes Personales en los campos es un fuerte aumento en los arrendamientos. Esto no es un dato menor en función de que el 70% de la agricultura se hace en campos alquilados.
Cabe mencionar que como el proyecto de Ley del Gobierno nacional deroga «Ganancia Mínima Presunta», ahora todas las personas físicas que sean propietarios de campos, comenzarán a pagar el impuesto patrimonial de Bienes Personales en 2019.
El economista José Luis Espert salió al cruce: «Ósea que al campo, Macri, lo quiere gravar con un impuesto que antes no lo gravaba, le volvió a poner las retenciones y como si fuera poco este año los sacudieron con más Inmobiliario Rural», apuntó.
La sorpresa entre los dirigentes rurales por esta nueva disposición es tan grande por estas horas muchos estaban analizando la letra chica de la Ley, el impacto de los cambios sobre los productores y, sobre todo, el plan de acción.
El Gobierno y el peronismo acuerdan subir bienes personales
En un comunicado titulado «Presupuesto a espaldas de la sociedad», Confederaciones Rurales (CRA) dijo que «el sector no sólo está herido sino que se siente discriminado. No hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y al país».
«El constante cambio de reglas de juego, va en detrimento de la inversión y el desarrollo del interior productivo, afectando así, a la economía en su conjunto. Este nuevo ajuste afectará al sector más competitivo de la Argentina», disparó CRA.
Sin valor agregado
La Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) proyectó que las exportaciones de poroto de soja (sin valor agregado) aumentarían 275% el año próximo, al pasar de 4 a 13 millones de toneladas.
«Estamos frente a una campaña agrícola muy buena pero el país necesita agregar valor a sus exportaciones para aumentar el ingreso de divisas», sostuvo Gustavo Idígoras, residente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).
«El Gobierno tomó la decisión equivocada de privilegiar las exportaciones de poroto de soja contra las de productos industrializados que duplican el valor. La Argentina no puede perder las herramientas para defender sus exportaciones», aseguró Idígoras.
Un dato que genera preocupación en el sector exportador es que para lo que resta de este año se espera un incremento de la capacidad ociosa en la industria de procesamiento de soja de entre 40% y 45%, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
El analista Gustavo López dijo que «la eliminación del diferencial de 3 puntos entre poroto y productos industrializados va a reducir la molienda y caerán las exportaciones de harina y aceite mientras subirán las de poroto de soja, sin valor agregado».
