El comunicado que emitió CAMyA, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores explica claramente que el objetivo que tienen es exponer y visibilizar la situación en que se encuentra en la actividad y toda la cadena de producción y comercializacion de carne bovina, «ante la actitiud intransigente de ARBA, quien aplica sanciones, en base a normativas que lo único que logran es mayor informalidad, aumento de la evasión y de los precios de la carne».
El duro comunicado reza además: «Hemos recorrido un largo camino, donde la gran mayoria de los actores de la cadena han ido regularizando su situación e incorporándose a los sectores formales de la economía. El sector exhibe un crecimiento sostenido en base a la apertura de nuevos mercados y también por la mejora del consumo, hasta la crisis económica actual.
Sin embargo, al encarar la regualarización del último eslabón de la cadena, el sector minorista, lo hacen de tal manera que ponen en riesgo todos los logros obtenidos.
A nuestro entender, no alcanza con obligar al resto de actores de la cadena a actuar como agentes de retención o percepción, instrumentar el remito electrónico, y fijar alícuotas de percepción confiscatorias ante la no incripción, entre las medidas más notables. En este sentido, es necesario un trabajo articulado de los diferentes estamentos del Estado, en sus distintos niveles, que actúe con firmeza y con la potestad que le otorgan las normas legales para lograr tal objetivo.
Desde el sector privado formalizado de la cadena acompañamos estas medidas y apoyamos a los diferentes organismos estatales, en el convencimiento que son quienes tienen la capacidad legal y operativa para resolver la formalización del Comercio Minorista.
Hoy nos encontramos en la situación que, para seguir trabajando en forma legal y formal, nos vemos obligados a poner en riesgo nuestro propio patrimonio por obligaciones ajenas. La intransigencia y comodidad de ARBA, que elije el camino fácil de obligar a los inscriptos, no hace más que retroceder en los avances logrados y volver a colocar a la cadena en una situación de tensión, en el marco de una crisis económica que llevó al consumo local a valores históricamente bajos.
Por ello, instamos a la autoridades oficiales a asumir su responsabilidad y obligación, fiscalizando e inscribiendo al comercio minorista y suspendiendo en forma inmediata la aplicación de medidas coercitivas y confiscatorias hacia los sectores formalizados de la cadena.
Persistir en este camino no hará más que retroceder en los avances logrados y volver a las prácticas informales que tanto daño le hicieron a la actividad».
