En marzo de 2017, la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (SUCCA) en forma coordinada con la AFIP, puso en marcha un paquete antievasión con el objetivo de combatir las prácticas desleales en el comercio de carnes y brindar competitividad al mercado. El programa hizo foco en el nuevo sistema de matrículas para procesadores, el pago a cuenta de impuestos previo a la faena y la instalación de cajas negras en los frigoríficos. El veterinario Marcelo Rossi, al frente del área, hizo una puesta a punto de los avances logrados en estos meses de gestión y los desafíos de cara a 2018.
“Trabajando codo a codo con la AFIP, hemos reducido enormemente las prácticas distorsivas. En 12 años de inactividad, había 4.000 expedientes y ninguna sanción; y en estos ocho meses hicimos 57 clausuras preventivas. Según Alberto Abad (titular de la AFIP), la recaudación en carnes ya aumentó 150%”, afirmó Rossi, refiriéndose a los resultados de las herramientas implementadas al momento, como el VEP para el pago de impuestos antes de la faena y la fiscalización inteligente desplegada sobre el comercio de carnes.
Rindiendo cuentas
Una de las primeras acciones fue la desburocratización del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (Ruca). “El nuevo Ruca ha sido un éxito, se simplificaron mucho los trámites, las matrículas son para siempre, contra el pago de un arancel anual, salvo que se cometa alguna infracción. No tienen que venir todos los años a traer el papelerío como era antes. Y esto no nos quita la posibilidad de que en cualquier momento podamos requerir un contrato societario, la situación impositiva con la AFIP, la administración sanitaria o lo que fuere”, contó el Subsecretario. Además, no hay más duplicación de gestiones; por ejemplo, a los efectos del Ruca se consideran automáticamente inscriptos los feedlots registrados en Senasa, que son todos. “No nos tienen que traer formularios ni pagar aranceles. Esto es bueno, desde todo punto de vista. Por un lado, le facilita mucho las cosas al productor. Además, el sector de inscripciones, que tenía un montón de gente, pasó a ser un área de fiscalización inteligente, que está haciendo un seguimiento de todos los operadores comerciales. O sea que, con el Ruca, misión cumplida”, aseguró.
Otro adelanto fue la puesta en marcha de la resolución conjunta SUCCA-AFIP, que obliga a los procesadores al pago a cuenta de impuestos previo a la autorización de una tropa para faena. En virtud de ello, al momento de la compra del ganado, el frigorífico o matarife debe depositarle al productor el monto del IVA (10,5%) en su CBU, en el caso de que esté inscripto en el Registro de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes (RFOCB); y si no lo está, debe hacerlo en la AFIP, a su nombre.
“Es algo así como una zanahoria para que los productores se inscriban y dio resultado porque, desde el 1º de marzo, se pasó de 20 mil a más de 60 mil registrados”, destacó Rossi, aludiendo al registro creado a mediados de 2106 con el fin de optimizar controles.
Al disponerse de esta información, pronto comenzaron a detectarse operadores fuera de regla. “Pudimos constatar que había 140 que se quedaban con el IVA del ganadero, no lo depositaban. Hace quince días, los intimamos para que regularicen, algunos lo hicieron, otros no; y la semana pasado suspendimos a diez de ellos; ocho ya arreglaron, pagaron más de 10 millones de pesos, en dos o tres días. Son hijos del rigor hay que dejarlos sin trabajar para que cumplan”, subrayó.
¿Cómo se logró esta agilidad? “Tenemos un área de jurídicos pero es para todo el Ministerio y los trámites son lentos. Entonces, si detectamos una falta grave, no nos sirve que se tarde un año para penalizar”, indicó el funcionario. Para solucionarlo, prosiguió, “según la Ley 21.740, aplicamos la suspensión preventiva, un mecanismo mucho más ágil, que duele y mucho. Tenemos facultades para clausurar hasta por hasta 30 días. Generalmente lo hacemos por una semana como escarmiento y si hay reincidencia, por un plazo mayor. De este modo, de no haber ningún castigo en los 12 años anteriores, en ocho meses, hicimos 57 cierres preventivos”, puntualizó. Incluso, se logró el respaldo de la justicia que convalidó por primera vez la lucha antievasión. “Hace un mes, le cerramos la planta al llamado “rey de la carne”, Alberto Samid, porque tenía el 97% del personal en negro, no hacía los aportes a la seguridad social. En estos días, un juez le negó un recurso de amparo, un antecedente importantísimo, no recuerdo que antes se haya avalado nuestro accionar”, aseveró.
Con respecto a la repercusión de todo esto en el sector, el Subsecretario señaló que “se difundió entre los operadores, que empezaron a cuidarse y, con ello, se están reduciendo drásticamente las prácticas distorsivas”. Y advirtió que “de cualquier modo, seguiremos aplicando mano dura, una tarea estresante, ya que hay muchas presiones políticas que debemos enfrentar. Si nos distraemos, aprovechan la ventaja”.
A 2018
El paquete antievasión incluye la instalación de cajas negras en el palco de faena de los frigoríficos, lo que permitirá contar con información certera sobre la cantidad de animales procesados y su peso.
“Es un software que registra los datos directamente de la pesada, en forma inviolable. No es lo mismo que se utiliza en Uruguay, que tiene un sistema más complejo, con varias balanzas y requiere del pago de un monto por animal. Ellos cuentan con treinta y pico de plantas y buscan trazabilidad. Nosotros tenemos más de 400 y la finalidad es fiscal”, explicó el funcionario. Con respecto a los equipos, detalló que “como no existían en el mercado, nos llevó seis meses despertar el interés del sector privado. Por lo pronto, hay tres frigoríficos que están haciendo una experiencia piloto, con muy buenos resultados”.
Para Rossi, lo fundamental de estas cajas negras es que “no se puede mentir, ya que el sistema es automático, con fotos y filmaciones asociadas. Los datos se toman de la balanza, quedan encriptados y nosotros los recibimos online. Si se intenta una vía de escape, por ejemplo un corte de luz, el software lo registra y nos avisa. Tenemos una enorme expectativa de que funcionen bien, si todas las plantas las ponen, será muy difícil evadir. Y las van a tener que poner porque si no las vamos a clausurar; el propio Presidente de la Nación me instruyó en ese sentido”.
La iniciativa apunta a cubrir la faena de grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que suman el 90% del total. “Hay mataderos municipales chiquitos que procesan cinco o seis cabezas por día y están alejados de los centros de consumo. Entendemos que ahí hay poco margen para la evasión. Por eso, estamos analizando, en un marco de consulta con la Mesa de las Carnes, qué cantidad de cabezas debería faenar una planta para quedar afuera de esta obligación”, planteó.
En cuanto a la puesta en marcha, está resuelto que el 1º de marzo todos los frigoríficos deben tener estos dispositivos colocados. “A fines de febrero se verá si alguno sufre una demora en la provisión de los equipos por parte de los fabricantes. Por nuestra parte, hemos cumplido, ya les entregamos el software”, sostuvo.
En la SUCCA, trabajan 60 personas en aspectos referidos a carne vacuna, entre los que otorgan las autorizaciones, los que salen a fiscalizar y los que evalúan las infracciones. “Un próximo desafío será aprender a utilizar la información de las cajas negras, hacer buenos análisis, para contribuir al desarrollo de la ganadería que, de a poquito, se va recuperando”, finalizó Rossi.
Por Liliana Rosenstein, Editora de Valor Carne
