En la anteúltima ronda de expositores, Inase, Inta, Aapresid, Cpia, Fada, Arpov, Afa, Argentrigo, Ministerio de Agricultura de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, UATRE y el Movimiento Campesino Indígena plantearon sus posiciones respecto de la modificación de la Ley de semillas y creaciones fitogenéticas. Los oradores resaltaron la pérdida de competitividad del país por la falta de una norma que se adapte al mercado actual y el impacto del mejoramiento vegetal, principalmente en las economías regionales.
Para comenzar, Francisco Iguerabide, ex presidente Crea y actual Director de Desarrollo Agropecuario Sostenible del Ministerio de Agricultura de Córdoba, se enfocó en el progreso de los rendimientos y señaló que, los cultivos que hoy tiene más conflicto de reconocimiento genético, son los que menos progreso tienen, como el trigo y la soja. «Durante los últimos 12 años en los que se viene debatiendo la ley, un 1% de proceso genético del que nos estuvimos privando, implicaron el acumulado de la sequía del año que pasó», apuntó.
El especialista también señaló otros aportes del desarrollo genético: podría generar tolerancia de cultivos y forrajeras a la salinidad y sodicidad de los suelos. Para terminar, apoyó una reforma a la ley de semillas, que permita retribuir de manera justa la mejora genética y la biotecnología, que a Córdoba le permitiría desarrollar cultivos locales como el arroz, maní, garbanzo, forestación y limón.
Desde el Inase, Ing. Agr. Raimundo Lavignolle, Presidente de la institución, presentó un diagnóstico del sector: un mercado de semillas de 1500 millones de dólares, que representan 20 millones de bolsa de semilla fiscalizada, con exportaciones que ascienden a 250 millones de dólares, con 141 obtentores (13 provincias) y 681 multiplicadores (15 provincias) nacionales.
El titular de Inase destacó el impacto del mejoramiento vegetal: «En trigo los rendimientos se duplicaron de los 70 a hoy» y reconoció que, en Argentina, la mayoría de las variedades protegidas son de cereales, oleaginosas y forrajeras, en desmedro de hortalizas y frutales, donde «no hay mejoramiento nacional», como el caso del poroto, cultivo con poco mejoramiento genético y sólo un 20% de aumento del rinde.
Para cerrar, aseguró que «el 60% de las variedades protegidas son de empresas nacionales», pero advirtió que en autógamas, el 70%-80% es uso propio gratuito, «que no permite recuperar nada», además que, a los 6 años de liberada una variedad, solo el 20% de lo que se siembra, se reinvierte (el 80% es uso propio). «En este ambiente, es difícil que aparezcan empresas pequeñas y medianas poder desarrollar cultivos como porto, arroz o garbanzo», concluyó.
Por la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), Pedro Vigneau aseguró que la modificación de la ley de semillas «puede abrir la puerta a la tecnología no sólo para la región pampeana, sino para las economías regionales», como hortalizas, frutales, arroz, garbanzo, maní, floricultura, forestación. «Con este marco normativo, cada vez tenemos menos semilleros», se lamentó el ex presidente de la institución técnica.
«La semilla es un vehículo de tecnología», dijo y adhirió a los ejes del acta de entendimiento de la ley de semillas: reconocer el uso propio oneroso, el retorno por investigación y desarrollo, pago único, el valor de las regalías la definen los titulares de cada derecho que deberán comunicar los montos por los próximos tres años.
Desde el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), Fernando Vilella, planteó el uso propio oneroso (con excepciones), semilla fiscalizada, libertad de las partes para contratar y elegir y mecanismos de controles efectivos por parte del Estado. Luego realizó un comparativo del rendimiento de maíz en Argentina con Estados Unidos: hasta los años 30, el país estaba por encima, pero la incorporación de híbridos por parte de los americanos generó una ventaja mayor. Traducido, Vilella demostró el costo por la falta de incorporación de tecnología: «en maíz, no sostener el 80% del rendimiento, con iguales superficies a las cultivadas, generó una pérdida de 50.000 millones de dólares» y en trigo, casi 20 mil millones de dólares.
Para terminar señaló los perdedores por la falta de una actualización de la ley de semillas: productores pampeanos y extra-pampeanos de extensivos, productores de intensivos y/o industriales, trabajadores, el INTA y las universidades e institutos de investigación.
Por Argentrigo, David Hughes, presidente de la cadena de trigo, que representa más de seis millones de hectáreas sembradas y una producción de casi 20 millones de toneladas, comenzó lamentándose por «el tema no resulto». Luego se refirió al origen de las semillas de trigo: el 12% es semilla fiscalizada, el 23% uso propio oneroso y el 65% restante es uso propio.
Argentina está aumentando su rinde, promedio 30 kilos de mejora cada año; mientras que Europa gana 80 kilos. «Esa es la diferencia que nos estamos perdiendo», reconoció Hughes. Para cerrar pidió que la ley no sea de orden público, es decir, no debe restringir acuerdos entre privados.
Desde la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV)fueron categóricos: «En autógamas se siembra menos del 30% de Semilla Fiscalizada», y señalaron que sin una nueva ley de semillas, Argentina pierde competitividad, superficie, rinde, ventas e inversión. En números, afirmaron que el productor local pierde US$ 100 por hectárea, comparado con Brasil. «Nos perdimos 1.800 mil millones de dólares de exportaciones de granos de poroto», apuntaron. Por eso plantearon reconocer investigación y tecnologías, pago único, control a cargo del INASE, excepciones para agricultores familiares y pequeños agricultores y libertad de contratación entre las partes.
Desde Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) acuerdan se mantenga el uso propio, pago por tecnología, excepciones para los productores más chicos, pago único, incentivar la investigación, presentación de nuevas variedades, orden público, semilla fiscalizada y control estatal. Pero plantean un sistema propio: pago de regalías en base a la estratificación por superficie, independiente del tipo de cultivo; un pago único (tarifa plana) por bolsa, que se destina a obtentores por participación en el mercado y novedad de la semilla; el monto será determinado por el Inase, con un canon pre establecido.
En representación del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del INTA, Gabriel Delgado propuso pensar la ley, más allá de la soja, remunerar el mejoramiento genético y alcanzar la integración público privada. El ex Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación aseguró que «hay zonas de confort de algunos propietarios de tecnología».
Desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, auguraron el debate y pidieron avanzar con la ley «porque con investigación y desarrollo de nuevas variedades se genera mucho trabajo». Propusieron el pago por tecnología, con excepciones para agricultores familiares y prohibir el cobro de regalías por tonelada (pago único).
Por Agricultores Federados Argentinos propusieron homogeneizar la ley de patentes con la ley de semilla, la disponibilidad de los certificados de las variedades para exportar, analizar control en grano y la reglamentación de la relación contractual entre obtentores y usuarios.
Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el propio diputado Pablo Ansaloni (PRO-Buenos Aires), señaló la cadena de valor y la tarea del trabajador rural. «Reclamamos la participación del gremio dentro del INASE, porque somos los primeros en la manipulación y en la cadena de valor», postuló.
Desde el Movimiento Campesino Indígena se refirieron a la soberanía alimentaria, semillas libres, agroecología y propusieron considerar el proyecto del diputado José Ruiz Aragón (FPV-PJ-Corrientes), con especial foco en los pequeños productores.
Fuente: Barbechando
